Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz regional, Nacho Hernando, el anteproyecto pretende simplificar la interpretación de la normativa para los múltiples actores intervinientes en los procedimientos de evaluación ambiental como son ciudadanos y empresas; funcionarios del órgano ambiental y otras administraciones que tienen que dar la última autorización a los proyectos –en especial pequeños ayuntamientos– organismos o entidades consultadas. “De esta forma, se evitarán inseguridades jurídicas y falta de claridad”.
Entre los aspectos más novedosos de la ley están, en primer lugar, la posibilidad que se le da al órgano ambiental de que no admita un proyecto por la inviabilidad manifiesta o por calidad insuficiente de la documentación; algo que en estos momentos no se produce ya que aunque el proyecto sea manifiestamente inviable entra y sigue todo el recorrido que la evaluación requiere, con la consiguiente pérdida de recursos y eficiencia que esto genera, ha informado la Junta en nota de prensa.
En segundo lugar, se refuerza el apoyo y la coordinación entre la Viceconsejería de Medio Ambiente y otras administraciones que tienen que dar la última autorización a los proyectos para establecer y agilizar procedimientos, algo “muy importante” en casos de pequeños ayuntamientos que no cuentan con recursos suficientes y a los que, en muchas ocasiones, se les ha hace muy dificultoso agilizar trámites.
Otros aspecto novedoso de la ley es que no necesitarán evaluación ambiental simplificada los proyectos tan pequeños que por sus características no generan un impacto medioambiental significativo, pero que en la actualidad requieren de esta evaluación, “provocando un freno al desarrollo económico y social en el medio rural”, ha afirmado el portavoz.
Por último, se mejora la puesta a disposición del público en Internet de la información de los procedimientos, con el fin de facilitar al máximo la participación y la transparencia.
