Así lo ha indicado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en respuesta a una pregunta oral en el pleno de las Cortes formulada por el diputado del Grupo Popular Vicente Aroca sobre los tiempos de demora en la valoración de una discapacidad en los centros base de la Comunidad Autónoma.
García Torijano ha asegurado que el Gobierno autonómico es consciente de los tiempos de tramitación de la discapacidad, que llevan a cabo 13 equipos de valoración por toda la región, que “han aumentado su rendimiento”, de tal manera que se ha pasado de resolver 16.051 solicitudes en 2014 a 17.708 en 2019, lo que supone entre el 80 y el 86 por ciento de las solicitudes anuales.
No obstante, ha admitido que actualmente hay una mayor demanda y que se están manteniendo reuniones con el Ministerio de Servicios Sociales para reducir los tiempos.
Aroca ha expresado su preocupación por la “excesiva lentitud” a la hora de resolver los distintos expedientes y, sin cuestionar el trabajo de los profesionales de estos centros, ha destacado como una “demora inaceptable” que en algunos casos se tarden dos años para hacer una valoración, como ha alertado el Comité español de representantes de personas con discapacidad (Cermi).
A su juicio, “no es suficiente con reconocer las demoras, lo que realmente importa es solucionarlo con un plan urgente que actualice las valoraciones pendientes y evite nuevos atrasos”.
