La petición rechazada lleva la firma de ERC, Junts, PDeCAT, Bildu, CUP y BNG y se centra en las “presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por el ex jefe del Estado y las influencias diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí y Kazajistán”.
Los letrados de la Cámara, según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, se mostraron en contra de su tramitación “teniendo en cuenta la posición institucional de la Jefatura del Estado en el marco constitucional”, unos argumentos que han hecho suyos PSOE, PP y Vox. Como en ocasiones anteriores, Unidas Podemos, sí ha apoyado su tramitación.
Como en anteriores ocasiones, los servicios jurídicos y la mayoría de la Mesa aducen los artículos 56.3 y 65 de la Constitución. El primero consagra la figura del Rey como “inviolable” y no “sujeta a responsabilidad” y el segundo establece que el Jefe del Estado distribuye libremente la partida presupuestaria que recibe cada año.
JURISPRUDENCIA EL TC
Para defender la no tramitación de la comisión de investigación, se han amparado también en la interpretación que sobre esta materia ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en los precedentes existentes en la Cámara.
Con estos mismos argumentos, la Mesa del Congreso ya ha rechazado una decena de veces iniciativas similares a la registrada por los independentistas. En esta ocasión los firmantes tomaban como referencia un programa de TV3 en el que un exalcalde de la capital kazaja, actualmente refugiado en Suiza, asegura que en 2002 el presidente Nazarbayev entregó dinero a Juan Carlos I.
Las formaciones independentistas sostienen que este episodio, unido a las investigaciones que se lleven a cabo en Suiza y en la Fiscalía Anticorrupción sobre otros asuntos relativos al padre de Felipe VI, requiere la apertura de una comisión de investigación en el Congreso.
A su juicio, resulta “inaceptable” que no se conozca “la fortuna real de Juan Carlos I, ni si se encuentra en paraísos fiscales o escondida en fundaciones opacas”, por lo que piden “investigar las supuestas irregularidades del anterior jefe del estado, así como sus cómplices, y sus posibles influencias en la política diplomática y comercial con Arabia Saudí y Kazajistán”.
En la misma reunión, la mayoría de la Mesa del Congreso ha acordado la inadmisión a trámite de la iniciativa registrada por el PDeCAT para que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas inste al fiscalizador a analizar el uso que ha hecho la Casa del Rey de sus finanzas en la última década ante la posibilidad de que, durante su mandato, Juan Carlos I “malversara” fondos públicos.
Cuando el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, anunció su iniciativa admitido que la Constitución establece que el Rey puede utilizar “libremente” la partida que todos los años recibe de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). “Libremente, pero no ilegalmente”, puntualizó.
