Antes de comenzar con el orden del día, los concejales mantuvieron el habitual minuto de silencio por las mujeres asesinadas a causa de la violencia machista, en un día en el que uno de los puntos del orden del día estuvo relacionado con la lucha efectiva contra la misma, informa el Ayuntamiento de Alcázar.
La alcaldesa alcazareña, Rosa Melchor, felicitó a los trabajadores municipales, “acusados injustamente en una querella criminal con fines políticos” por el anterior gobierno del PP, que han sido absueltos por la Audiencia Provincial de Ciudad Real, el arquitecto municipal y el director técnico de la sociedad de Aguas de Alcázar. Una felicitación que hizo extensiva a otros dos trabajadores “también injustamente acusados” en este asunto; así como a las dos “únicas” trabajadoras en la historia democrática de Alcázar que fueron despedidas “por un móvil político”.
Melchor consideró que el que los jueces hayan dado la razón a los trabajadores demuestra que fueron víctimas de “una caza de brujas”. Por este motivo y por el daño moral causado a ellos y a sus familias, la primera edil pidió al responsable de estas acciones, actualmente portavoz del grupo popular, Diego Ortega, que se disculpara públicamente. Una disculpa que no llegó, asegurando que “no tengo por qué pedir perdón. Me alegro de la sentencia pero, en su momento, lo llevamos a los tribunales porque consideramos que había indicios de delito”.
Pacto de Estado contra la violencia de género
Tras la reciente mejora y dotación económica del Pacto de Estado contra la violencia de género por parte del Gobierno nacional, el Grupo Municipal Socialista puso en valor en el pleno ordinario del mes de enero las políticas de igualdad con la presentación de una moción en apoyo a este pacto.
Una moción que partía con el objetivo de mostrar “el compromiso y la unión de todas las fuerzas políticas en un tema tan sensible y preocupante para la sociedad”. Más de 1.000 mujeres han sido asesinadas en España desde 2003, año en el que comenzó a funcionar el observatorio contra la violencia de género.
Un problema social que sigue cobrándose víctimas cada año (7 mujeres en los tan sólo 29 días del recién estrenado 2019) y que debe atajarse desde la base y de forma integral, tal y como se prevé en el pacto estatal. Para ello los Presupuestos Generales de 2019 se dotarán con 220 millones de euros, 110 de ellos para las comunidades autónomas.
Todos los grupos municipales arroparon la moción, con la excepción de los concejales populares Víctor Flores y María Jesús Pelayo, que salieron del salón de plenos en el momento de la votación, según informa el Ayuntamiento. El portavoz de su grupo, Diego Ortega, también realizó un “comentario desafortunado” en su alegato de apoyo al Pacto de Estado, asegurando que “el PP apoya la igualdad real. Ni machismos, ni feminismos”.
El concejal de Igualdad, Mariano Cuartero, le recordó que estos dos términos no son equiparables y que la definición de feminismo no es otra que “principio de igualdad entre hombres y mujeres”.
Biblioteca municipal
El concejal de Educación y Cultura, Mariano Cuartero, anunció que en las próximas semanas –tras la licitación de las obras el pasado 24 de enero- se acometerá la ampliación de la sala de lectura de la Biblioteca Municipal.
Respondía así a las acusaciones del PP que aseguraba que “no se había hecho nada” en este sentido tras aprobarse hace un año una moción para la adaptación de la biblioteca a los nuevos hábitos de estudio y ampliación de horarios.
Desde el PSOE le recordaron que toda obra requiere de un tiempo para la búsqueda de subvenciones, realización de informes y proyecto, licitación y contratación. Igualmente, Cuartero recordó que en este tiempo se ha adaptado la biblioteca infantil para hacerla más accesible y adecuada para el uso de los más pequeños y se ha triplicado la inversión en fondos bibliográficos.
Prevención de la ludopatía
La moción presentada por el Grupo Municipal de IU encaminada a regular las casas de apuestas y apuestas online y aplicar medidas de prevención contra la ludopatía, especialmente entre jóvenes y menores, fue respaldada unánimemente.
La propuesta insta al Gobierno nacional a establecer una regulación pública y al Gobierno regional a limitar la concesión de licencias y establecer criterios para la instalación de este tipo de establecimientos alejados de colegios, institutos, instalaciones deportivas y centros juveniles.
Igualmente, el Ayuntamiento de Alcázar se compromete a estudiar sus ordenanzas para valorar la posibilidad de introducir medidas que contribuyan a este mismo fin, así como a la realización de campañas informativas de prevención entre los escolares.
