Belén Rodríguez
Ciudad Real
Los fiscales de Ciudad Real, responsables de aplicar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece plazos de entre seis y dieciocho meses para instruir las causas penales están “en la línea” de revisar todos los asuntos que estaban abiertos antes de que entrara en vigor este polémico artículo de la norma, el pasado 6 de diciembre.
“Hemos repasado la gran mayoría de procedimientos y hemos pedido las diligencias correspondientes para cumplir la ley”, explica el fiscal jefe de Ciudad Real Luis Huete, que admite que será difícil cumplir con la fecha establecida, pese a que en este semestre se ha hecho lo que se ha podido. “Donde no lleguemos pues no llegaremos”, añade, porque entiende que con un Gobierno en funciones y sin parlamento será difícil que se amplíe el plazo fijado.
El problema no son los procedimientos que se han incoado desde entonces y que se tienen que instruir en esos plazos, dependiendo de si la causa es sencilla o compleja, sino todos los que estaban en trámite cuando entró en vigor la reforma. “En los juzgados de Ciudad Real estaremos hablando de entre 5 y 6.000 asuntos “, subraya el fiscal jefe provincial.
El proceso que ha seguido la fiscalía es que cada fiscal de la plantilla se está encargando de revisar los procedimientos abiertos en el juzgado de instrucción de su competencia (hay 25 juzgados de instrucción en la provincia, más que fiscales por lo que algunos fiscales que se ocupan de varios). “Cada fiscal se ha puesto con su juzgado para además de hacer su trabajo encargarse de las revisiones. Desde febrero contamos con un fiscal de refuerzo para juicios y guardias”, indica Huete.
Este miércoles el Consejo Fiscal retoma el informe sobre el estado actual de las causas por revisar.
Quejas de la Unión Progresista de Fiscales
La revisión de las causas que instruyen los juzgados, tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a cumplir plazos (de entre 6 y 18 meses) ya fue tratada en las últimas reuniones del Consejo Fiscal de marzo y abril, después asociaciones como la Unión Progresista de Fiscales (UPF) mantengan su queja por la carga de trabajo que esta clasificación les ha supuesto.
Este martes, la UPF remitió un informe a la Fiscalía General del Estado en el que asegura que es imposible cumplir con el plazo indicado del 6 de junio. Dicen que una de las causas de la imposibilidad de cumplir el mandato legal es la “nula” colaboración de los letrados de la administración de Justicia (antes secretarios), informa Europea Press.
