La nueva ordenanza de vertidos en Manzanares ha conseguido una alta implicación de las industrias de la ciudad, que ya han comenzado a introducir nuevos sistemas de control y medición. La concejala de Medio Ambiente, Obras y Urbanismo, Isabel Díaz-Benito, ha destacado su “satisfacción” por la aplicación de esta ordenanza municipal.
Tras las sanciones que recibió el Ayuntamiento de Manzanares por la gestión de los vertidos a la red del río Azuer en las campañas de vendimia de 2013 y 2014, Isabel Díaz-Benito ha confiado que este 2017 sea la tercera campaña sin sustos y sin incidentes.
La edil ha recordado que el año pasado la Confederación Hidrográfica del Guadiana “felicitó al Ayuntamiento por los buenos niveles de depuración obtenidos” y la previsión es que este año incluso mejoren, dado que muchas de las industrias vertedoras ya han introducido nuevos mecanismos de depuración y están en fase de prueba.
La ordenanza establece dos categorías de industrias según el nivel de peligrosidad de los vertidos y el volumen de los mismos, y en la más conflictiva hay diez empresas clasificadas. Entre ellas, hay industrias manufactureras y agroalimentarias, y en este sector las bodegas han destacado por su alto compromiso por reducir los vertidos.
En la línea de la campaña anterior, el Ayuntamiento aumentará la periodicidad de los controles realizados por la empresa DB05 en las diferentes industrias en las próximas semanas, ya que la ordenanza aprobada en abril de 2016 contempla sanciones de hasta 250.000 euros.
Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Guadiana también lleva a cabo mediciones extraordinarias en diferentes puntos de la red pública para evitar la llegada incontrolada de vertidos contaminantes a espacios naturales.
La sanción por los vertidos de 2014 disminuye a 47.000 euros
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Manzanares recibió una sanción de 101.000 euros por vertidos incontrolados en 2013 y otra de 205.000 por la reiteración en 2014. Pagada ya la primera sanción, el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, confirmó a Lanza que las actuaciones del equipo jurídico del Ayuntamiento habían conseguir rebajar la segunda a 47.000 euros.
