La caída de Villar se parece a la caída del Imperio Romano. No se trata de que vaya a prisión el presidente de una Federación, la más poderosa de todas, la de fútbol o “fúrgol” para su presidente, sino que parece el inicio del desmantelamiento de un sistema, de un orden. El proceso no es a un dirigente, sino a una época, a una manera de hacer las cosas. El auto de prisión del juez Pedraz apunta en esa dirección: “En el ámbito de la RFEF, Federaciones Territoriales y organismos vinculados a ellos como la Fundación y MUPRESFE, presumiblemente con conocimiento y consentimiento de los principales dirigentes de esos organismos y con la voluntad de enriquecerse y/o favorecer el enriquecimiento de terceros, Ángel María Villar, presidente de la RFEF, creó un entramado que ha permitido la desviación de fondos (tanto públicos como privados) de dichas asociaciones a sociedades vinculadas, estableciendo asimismo un clientelismo tanto en la contratación de personal (…) como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministro y prestación de servicios a empresas vinculadas, bien directamente o a través de familiares (…). La investigación ha determinado que dicha actuación ha podido ser realizada en virtud de la estructura y el sistema de funcionamiento de las asociaciones investigadas, con conocimiento y colaboración de sus principales dirigentes”.
Pedraz acusa a Villar de “excesos en las facultades de administración” de la RFEF, lo que traducido para los profanos viene a significar caciquismo, que no es una figura jurídica, pero sí deja claro de qué comportamiento hablamos. El juez, de hecho, concreta estos excesos en cinco puntos: nombramiento de la Junta Directiva de la RFEF para premiar a los presidentes territoriales afines; concesión de beneficios como contraprestación para el favorecimiento del presidente, presionando a los presidentes territoriales para que obtengan los votos necesarios para conformar una Asamblea favorable; disposición de fondos de la RFEF eludiendo la normativa y cualquier fiscalización; excesos en las facultades de administración del patrimonio de la RFEF para contratación y remuneración del personal; y otros excesos en la administración del patrimonio.
Para asentar estas acusaciones, Pedraz aporta datos sobre algunos hechos concretos, especialmente en relación con las Territoriales cántabra, murciana y madrileña. En relación con otros hechos aparecen las federaciones balear, ceutí o valenciana entre otras. La castellano-manchega no figura, por el momento, en las diligencias, aunque no se descarta que en un futuro lo haga. De hecho, se mira con lupa a las 16 Territoriales que firmaron una carta de apoyo a Villar en las pasadas elecciones. El que sí aparece, de refilón y sin citar su nombre, sino su cargos, es Antonio Escribano, el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM), que es, también, presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala. Lo cita Juan Padrón, el encargado de las cuentas federativas, en una conversación pinchada por la UCO con Esther Gascón, actual secretaria general de la RFEF. Padrón le explica, el 28 de abril de 2016, el funcionamiento de la Federación: “Aquí, el presidente mío, el presidente de Entrenadores, el de Árbitros y el del Fútbol Sala, hacen lo que yo diga. Y en las Territoriales, igual, porque si no, los quito. Ellos tienen que obedecer aquí, que es quien paga… ¿Está claro, Esther? O sea, hace 32 años que yo dije lo que… había que hacer… cuando se inició el proceso éste… porque mientras esté la ley y esté el decreto como está… ganará siempre el fútbol no profesional… que para eso tiene el 60%… y los otros el 40”.
Según las últimas informaciones, hay ya más de 40 imputados, pero se prevé que serán muchos más. A partir de la próxima semana irán desfilando por la Audiencia para declarar en un proceso que se presume largo.
Cristóbal Moraga, delegado de Castilla-La Mancha de ProLiga, la asociación de clubes no profesionales que apoyó a Jorge Pérez en contra de Villar las pasadas elecciones afirma que lo que pretende ProLiga es que “se depuren las responsabilidades al máximo. Se abre un tiempo nuevo y tenemos que acabar con todo lo que huele a rancio en la RFEF”.
El desarrollo más lógico de los acontecimientos ahora es que el Consejo Superior de Deportes proceda a la inhabilitación de Villar, se nombre una Gestora y haya elecciones. “Eso parece lo normal”, comenta Moraga, “pero es importante tener en cuenta que el fútbol no se puede parar. Estamos en la época de más trabajo federativo”.
Sobre la implicación que toda esta situación pueda tener para la FFCM, Moraga prefiere ser “cauto. Nuestra idea básica es que los clubes de Tercera deben depender directamente de la RFEF. Vamos a ver cómo se desarrollan los hechos, porque la investigación tiene mucho recorrido. De momento, lo importante es que caminamos hacia un nuevo fútbol y tenemos que aprovechar el impulso”.
Juan Pablo Trujillo, que fue rival de Escribano en las últimas elecciones a la presidencia de la FFCM, en las que denunció múltiples irregularidades, afirma que “es tiempo de dejar trabajar a la Justicia. Esperamos, claro, que haya elecciones, porque los pucherazos fueron evidentes, las de la RFEF fueron una copia de lo sucedido en las de la FFCM”.
El portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo, confirmó que el actual presidente del CSD, José Ramón Lete, propondrá el próximo martes “el acuerdo de suspensión cautelar de los afectados y entrará en vigor, se activara el mecanismo previsto en el estatuto de la Federación, en caso de ausencia, enfermedad u otra causa que impida al presidente (Villar) cumplir sus funciones”. El miércoles a las 11:30 se celebrará la Asamblea de la RFEF.
