El Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas favorecer “lo más rápido posible” la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género para garantizarlas un entorno “seguro, la libertad y el desarrollo profesional y personal”, para lo que se protegerá su intimidad y la de sus familiares y se les garantizará el mantenimiento de su retribución.
Así lo ha anunciado la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en una rueda de prensa posterior a la celebración de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, que se ha reunido por primera vez en nueve años y ha contado con la participación de todas las comunidades autónomas.
Batet ha explicado que con el acuerdo se facilitará la movilidad de las empleadas públicas víctimas de género a otra localidad , manteniendo su retribución, para estar alejadas de la residencia del maltratador si así lo desean, con el fin de garantizarles el entorno “más favorable” posible, ya que constituye una “prioridad” para el Gobierno.
Con esta medida, Batet ha explicado que se da cumplimiento a la medida 88 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de forma que el Ejecutivo sigue adelante con el compromiso del desarrollo y cumplimiento de todas las medidas recogidas en dicho pacto, suscrito en julio del año pasado por todos los partidos políticos y en diciembre por todas las CC.AA.
“Hemos avanzado mucho, normativamente, hemos aprobado leyes importantes y socialmente se han cambiado muchísimos ámbitos, pero todavía hoy siguen existiendo muchísimos casos de desigualdad y machismo”, ha denunciado la ministra.
Este tipo de necesidades de movilidad se tramitarán de forma preferente, de forma que la resolución se dicte en el menor tiempo posible y protegiendo la intimidad de las víctimas, y en especial sus datos personales, así como los de sus ascendientes y descendientes, según recoge el acuerdo.
Batet ha indicado que el compromiso es aplicar el acuerdo “lo más rápidamente posible” para ofrecer esta posibilidad de traslado a las empleadas públicas víctimas de violencia de género, si bien ha precisado que cada administración tendrá que llevar a cabo los procedimientos internos correspondientes para adaptarlos a su “realidad”, algo vinculado a los sindicatos. “La predisposición es buena, pensamos que se podrá poner en marcha muy pronto”, ha añadido.
MOVILIDAD INTERADMINISTRATIVA CON CARÁCTER GENERAL
Además, ha explicado que en la reunión también se han tratado sobre las políticas de movilidad en el empleo público para favorecer la movilidad interadministrativa con carácter general y atender las demandas de conciliación de los empleados de moverse a otras administraciones y a las necesidades de las administraciones.
Precisamente la semana pasado el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, firmó con los sindicatos representados en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado el primer acuerdo sobre movilidad del personal funcionario, que entre otros méritos valorará cuestiones como la experiencia, cursos, conciliación o el reconocimiento de una lengua cooficial en los territorios en los concursos de traslados y promoción de funcionarios.
LA FEMP TENDRÁ VOZ EN LA CONFERENCIA SECTORIAL
La ministra ha destacado que la reunión se ha desarrollado en un ambiente de participación “activa” por parte de todas las CC.AA., que han mostrado “ganas de colaborar” y han celebrado la puesta en marcha de nuevo de la Conferencia Sectorial de Administración Pública tras nueve años, que se volverá reunir en el primer trimestre del año que viene para mejorar los servicios públicos.
En la reunión de la Conferencia Sectorial se ha aprobado el reglamento interno de funcionamiento de la conferencia, en el que se prevé la participación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
A este respecto, ha subrayado que los objetivos de la Conferencia Sectorial es mejorar los servicios públicos con carácter general, mejorar las condiciones de los empleados públicos tras años de crisis y recuperar “algunas” condiciones laborales importantes perdidas, y mejorar el funcionamiento de las administraciones.
EL COMPLEMENTO PERFECTO
Este acuerdo, en palabras del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, es para Castilla-La Mancha “el complemento perfecto”, dado que la Comunidad Autónoma ya tiene aprobadas múltiples normas relacionadas con este importante asunto.
En este sentido, Ruiz Molina ha subrayado que la Ley del Empleo Público de Castilla-La Mancha ya contempla la posibilidad de movilidad para aquellas empleadas públicas que sean víctimas de violencia de género en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
Esta posibilidad también se ha incluido esta legislatura en el VIII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se aprobó por unanimidad el pasado año; en el II Plan para la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral, rubricado el pasado mes de mayo, y, finalmente, en la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, aprobada recientemente en las Cortes regionales y en la que hay un apartado específico para tratar los derechos de aquellas empleadas públicas que son víctimas de violencia de género.
“Es la guinda a ese pastel que teníamos regulado en el ámbito de la Comunidad Autónoma y ahora ya lo hacemos con el consenso del resto de Administraciones Públicas, de tal manera que en el supuesto de que no pudiéramos ofrecer o que a la víctima no le interesara un puesto en el ámbito geográfico de nuestra Administración, tenemos la posibilidad de facilitarle un puesto de trabajo en otra administración, en un ámbito geográfico diferente al de la Comunidad Autónoma”, ha resaltado Ruiz Molina.
Esa movilidad interadministrativa se acometería “respetando siempre” la intimidad de la víctima de violencia de género y, desde luego, haciéndoselo por parte de la Administración “lo más fácil posible”, en la medida en que “son personas que están pasando por situaciones de extrema gravedad”, ha añadido el consejero.
El 65 por ciento de los más de 74.000 empleados públicos de la Administración regional son mujeres, por lo tanto, ha concluido Ruiz Molina en relación con este asunto, “es un día importante para una regulación que ya tenía Castilla-La Mancha y que se ha completado con este acuerdo adoptado en esta primera reunión de la Conferencia Sectorial”.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas se ha referido a continuación a otro de los asuntos tratados en la reunión, como es la posibilidad de facilitar la movilidad entre el conjunto de empleados públicos de todas las Administraciones Públicas, que ascienden a más de 2,5 millones.
Sobre este particular Ruiz Molina ha señalado que facilitaría un aspecto importante por el que viene trabajando el Gobierno de Castilla-La Mancha y que es la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de todos aquellos que prestan sus servicios en la Administración.
Finalmente, Ruiz Molina ha agradecido a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, la convocatoria de esta Conferencia Sectorial, después de no haberse reunido en nueve años, dado que es una cita “importante” para la “coordinación de aspectos fundamentales”.
