El Gobierno de Castilla-La Mancha presentará a mediados de marzo una denuncia ante las autoridades europeas con la finalidad de reabrir el debate sobre los planes hidrológicos que afectan a la comunidad autónoma y al trasvase Tajo-Segura.
Así lo ha adelantado el presidente del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, durante la inauguración del nuevo pabellón polideportivo del colegio de Educación Infantil y Primaria ‘Maestra Plácida Herranz’ de Azuqueca de Henares (Guadalajara); un acto en el que también han participado, entre otros, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto; el delegado de la Junta en la provincia, Alberto Rojo; el director del centro, Víctor Manuel López Calvo; y el alcalde de la localidad, José Luis Blanco.
El presidente regional ha asegurado que el trasvase Tajo-Segura es una “hipoteca” que supone una herida abierta en la provincia de Guadalajara y que tiene consecuencias para toda Castilla-La Mancha; “una llaga”, ha abundado, que “va contra el signo de los tiempos” y contra la política ambiental que impulsa la Unión Europea.
García-Page ha recordado que esta infraestructura fue realizada cuando España aún no había abierto el actual período democrático y ha insistido en que, de haberse planteado posteriormente, este proyecto habría sido denunciado como una “barbaridad” tanto “para esta tierra” como “para el medio ambiente”.
“Si somos ecologistas”, ha defendido el presidente de Castilla-La Mancha, el Estado debe “dar pasos decisivos” para “frenar” el trasvase Tajo-Segura.
Contra la recentralización de competencias
Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha se ha vuelto a mostrar contrario a la recentralización de competencias derivadas a las comunidades autónomas que defienden algunas formaciones políticas y que, a su juicio, constituirían un paso “exagerado hacia atrás” tanto en los propios servicios como en los derechos de los trabajadores del ámbito sanitario, educativo o de los servicios sociales.
Una situación que el presidente regional ha definido como “volver al ralentí de la España centralista” y que sería “uno de los peores errores que podemos cometer”.
Al hilo de estas declaraciones, se ha referido a la situación que se vive actualmente en Andalucía, pocas semanas después de haberse producido el cambio de gobierno, con la reducción de hasta 1.000 las plazas de docentes en educación pública, con el problema añadido de “plantillas interinas” y de “gestión”.
En este contexto, García-Page ha asegurado que, hace escasas fechas advirtió al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, por haber designado como máximo responsable del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a la misma persona que, en Castilla-La Mancha, se encargó de despedir a casi 7.000 profesionales sanitarios.
Por ello, el presidente regional ha pedido “a quienes plantean una recentralización” a la que llaman “reunificación” de competencias como reacción al independentismo catalán que “adoctrina ilegalmente” a través de la educación pública, que se corrija esa situación a través de las leyes de intervención con que cuenta el Estado, sin llegar a hacer uso del artículo 155 de la Constitución.
Nueva ‘Tarjeta Verde’ para personas con discapacidad
En este contexto, García-Page ha defendido la necesidad de “apostar por que no haya vuelta atrás en sanidad, educación y en las políticas a favor de la gente que más lo necesita”.
Por ello, ha recalcado, el Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá implementando las políticas de recuperación y mejora de estos servicios públicos en la región con la puesta en marcha de iniciativas como la llamada ‘Tarjeta Verde’ que entrará en vigor el próximo 1 de abril y que proporcionará descuentos en los viajes por carretera para 70.000 personas con discapacidad de Castilla-La Mancha.
Una medida que se suma, entre otras, al paulatino incremento de las partidas que, desde el Ejecutivo autonómico, se destinan a las entidades que trabajan con personas con discapacidad y que en 2019 llegarán a los 50 millones de euros y que, servirán para fomentar la inclusión social de “las personas que más lo necesitan”, ayudar al “deficitario” sector económico del transporte público por carretera, además de actuar a favor de la sostenibilidad ambiental.
