El secretario regional de la Unión Profesional de Transporte de Emergencias Sanitarias (UPTES), Celso Cisneros y presidente del comité de empresa del servicio en Toledo, ha lamentado que un juez de lo Social de Ciudad Real haya desestimado la denuncia contra la empresa concesionaria de este servicio en la provincia –Servicios Socio Sanitarios Generales (grupo SSG)- por no suministrar equipos de protección contra el COVID-19 a sus trabajadores.
En declaraciones a lanzadigital, Cisneros ha cuestionado el decaimiento de la demanda por “falta de representación social”, al ser un sindicato joven que aún no ha optado a elecciones en Ciudad Real, mientras que en Toledo sí ha tenido respaldo judicial.
“No es entendible porque el concepto debería ser igual en todas las provincias”, a la hora de obligar a las empresas concesionarias “a tomar las acciones necesarias para velar por la salud y seguridad de los técnicos”.
El colectivo, a través de diferentes centrales, lleva semanas denunciando las condiciones en que trabaja el personal que conduce las ambulancias que trasladan a enfermos de todo tipo, incluidos los afectados por el COVID-19, con la exposición de contagio de coronavirus que conlleva.
De hecho, de los alrededor de 300 técnicos de la provincia de Ciudad Real, 55 han causado baja al estar infectados por el coronavirus. “Andamos escasísimos de EPIS, ha agregado, y nuestro objetivo es buscar soluciones para desempeñar nuestra labor con seguridad”, que según recoge el propio Ministerio de Sanidad, ha de estar provisto de mascarillas FFP2 y quirúrgicas, gafas protectoras, guantes y traje corporal de protección conocido como buzo.
Al parecer, tan solo los trabajadores de las UVIS, que llevan personal médico, han recibido equipos de protección adecuados, tras habérselos suministrado el SESCAM.
En peor situación trabajan los técnicos de las ambulancia Soporte Vital Básico (SVB) y las de transporte programado, que trasladan a pacientes no urgentes –diálisis, pruebas diagnósticas y altas-.
El grupo SSG gestiona la contrata en Guadalajara, Albacete y Ciudad Real, “el 80% del servicio de Castilla-La Mancha”.
