La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural impulsará a lo largo de este 2018 nueve iniciativas legislativas para, según fuentes de este departamento, establecer una mayor integración de las zonas rurales, fomentar la mejora de la industria agroalimentaria, y promover los servicios públicos en los ámbitos no urbanos.
Serán seis leyes y tres decretos, y se encuentran en distintas fases de elaboración.
* Ley que regula el Estatuto del Personal Investigador del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF).
El anteproyecto recoge como objetivo fundamental la búsqueda de la competitividad y la excelencia en la investigación agraria y forestal, para lo cual la Administración regional debe contar con una estructura, niveles, sistemas de acceso de personal de investigación y tecnólogos equiparables a la del resto de instituciones dedicadas a la I+D+i. Igualmente, pretenden incentivar la labor investigadora y crear un cuerpo superior de Investigación del IRIAF, con un régimen de contratos aplicable al personal laboral de investigación.
*Ley Caza.
Es una de las normas más controvertidas desde que se anunció la modificación de la ley de 2015, por las declaraciones enfrentadas entre los sectores ecologistas y los de la defensa de la caza. Desde el Gobierno de Emiliano García-Page insisten en que va a hacer posible que se compatibilice la actividad cinegética con la conservación del medio natural pues da prioridad a la caza social (cotos sociales y zonas colectivas de caza) frente a un modelo intensivo en un sector que factura 600 millones de euros. Será la primera ley que se apruebe del año en el marco de la consejería., tras ser remitida a las Cortes el pasado 19 de diciembre por el Consejo de Gobierno.
*Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los animales de Castilla-La Mancha.
También ha causado polémica en sectores cinegéticos, que la consideran un grave problema para la caza, mientras que el consejero presentó el anteproyecto como una norma “muy importante” que se ha diseñado “desde el respeto y defensa de los animales”. Ha estado en exposición pública y se están respondiendo a las 800 alegaciones presentadas. La Ley incrementa las sanciones por maltrato animal, se prohíbe el tiro al pichón y los circos con animales salvajes, además de la práctica de mutilaciones con fines estéticos, el sacrificio o matanza de animales sin las garantías de la ley, su donación con fines publicitarios o como premio, o su empleo en publicidad, o fiestas populares.
*Ley de Economía Circular.
Será una de las normas estrella por el carácter pionero que tiene. La nueva Ley pretende incluir los principios de la economía circular en el sistema productivo de la región, y trata de dar soluciones a la gestión eficiente de los recursos naturales, como el agua, suelo, servicios ecosistémicos , diversidad biológica y energía, y al proceso de producción. También promoverá la economía colaborativa y consumo responsable, la gestión de residuos en los mercados de materias primas secundarias, plásticos, residuos de alimentos, residuos de construcción y demolición, biomasa, bioproductos y biomateriales, la innovación, inversión y financiación, y la fiscalidad ambiental, fianzas y seguro o garantía financiera equivalente.
*Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.
Ha sido impulsada para adaptarse a las nuevas directrices europeas en materia de medio ambiente y afecta tanto a la regulación de infraestructuras de pozos y regadíos, como a la gestión del agua y a la protección de la avifauna. Será paralela a la que se elabora a nivel estatal para modificar la Ley española de Evaluación Ambiental de 2013. Actualmente, en Castilla-La Mancha está vigente la ley regional del año 2007, así como el Reglamento de Evaluación del Impacto Ambiental de 1999.
*Ley de Titularidad Compartida.
Esta disposición iba a ser un decreto, pero se tramitará como ley y vendrá a complementar a la ley nacional aprobada hace más de un lustro para profesionalizar la actividad agraria de las mujeres, mejorar la participación femenina en las organizaciones agrarias, visibilizar el trabajo de las mujeres en las explotaciones con el reparto de los rendimientos al 50%, fomentar la igualdad y mejorar la calidad de vida en el medio rural.
*Decreto del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA).
El consejero de Agricultura anunció a finales de 2017 que el 60% de la composición de este órgano iba a provenir de colectivos sociales y no de la Administración. De est amanera, la Administración dejará de tener mayoría en la toma de decisiones del Consejo, y la entidad ofrecerá una mayor participación a la ciudadanía. El Consejo está presidido por el titular de la Consejería y los titulares con competencias en materia de calidad e impacto ambiental y montes y espacios naturales como vicepresidentes, además de numerosos vocales.
*Decreto del Consejo Asesor agrario.
En este caso también persiguen renovar su composición, según avanzó hace meses Martínez Arroyo. Está compuesto por asociaciones agrarias, cooperativas, CCOO, UGT, Confederación de Empresarios en Castilla-La Mancha (Cecam), entidades financieras y diputaciones provinciales. Según Martínez Arroyo, hay entidades como estas últimas que “no tienen competencia en materia de agricultura”, por lo que, a su juicio, el órgano debe ser más operativo. Esta importante entidad analiza cuestiones como la posición de Castilla-La Mancha sobre la Política Agraria Común (PAC), la importancia de la incorporación de jóvenes agricultores, o la apuesta por la visibilidad de la mujer en el medio rural. .
*Decreto para ampliar la distancia de las granjas de porcino de los núcleos urbanos
Esta iniciativa prevé aumentar la distancia de instalación de granjas de porcino a una población de uno a dos kilómetros, para así dar más garantías de salubridad a los vecinos y para que la actividad sea compatible con la de otras empresas. La distancia entre las granjas de cerdos y las ciudades la marcarán los responsables de la Consejería de Agricultura de la comunidad castellano-manchega.
