El portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, ha avanzado este miércoles que el Gobierno regional ha dado “el pistoletazo de salida” a la organización de las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo de 2019 propiciando el inicio de la tramitación del contrato de suministro de papeletas y sobres para el desarrollo de estas elecciones.
Para ello, ha indicado Hernando, se cuenta con un presupuesto base de licitación de 248.724 euros con el que la Administración regional dotará a cada mesa electoral del número suficiente de papeletas y sobres para que los ciudadanos mayores de edad de la región, puedan ejercer su derecho a sufragio activo, según el censo del 1 de abril de 2018.
“Se garantizará así una papeleta de cada candidatura y un sobre para cada elector, con un total para suministrar de 32.650.000 papeletas y 2.362.000 sobres”, ha detallado Hernando que, según ha informado el Gobierno regional en nota de prensa, ha dado cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana.
Por último, el portavoz ha recordado que en febrero, se puso en marcha la Comisión Organizadora de la Elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha, en la que se integran una veintena de responsables de los diferentes departamentos de la Administración regional que participarán en la organización de las próximas elecciones autonómicas.
4,7 millones para acciones de FP 4,7
En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha autorizado la ampliación en 4,7 millones de euros de la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas para 2018.
Con ello, ha indicado el portavoz del Gobierno regional “se podrá llegar a través de 578 cursos, a 9.000 alumnos y alumnas para que mejoren su empleabilidad, y que son precisamente aquellas personas que tienen mayores dificultades para acceder o mantenerse en el mercado de trabajo”.
Dicho esto, ha recordado que el Ejecutivo castellano-manchego, en total, destinará a esta línea un total de 28,5 millones de euros para la realización de acciones incluidas en los programas de formación de los servicios públicos de empleo y que se va a dar prioridad a colectivos “que lo pasan particularmente mal”.
En concreto, ha explicado, las acciones que serán subvencionables están dirigidas a la obtención de los certificados de profesionalidad; las que favorezcan la realización de prácticas profesionales, “tan difícil es ese primer empleo, ese escalón tan alto que impide seguir escalando la escalera”, ha dicho; así como acciones que favorezcan las competencias lingüísticas y acciones que favorezcan la innovación y el espíritu empresarial. Y, por último, serán también objeto de subvención, las becas y ayudas de transporte, conciliación, manutención y alojamiento que se concedan a los desempleados que participen en las acciones formativas y, en su caso, la compensación a empresas por la realización de prácticas profesionales no laborales.
Decreto regional de consumo
Asimismo, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al proyecto de Decreto del Consejo Regional de Consumo, con el que pretende regular “la composición, la designación de miembros y el régimen jurídico del que es el principal órgano de representación y consulta en materia de Consumo regional”, que estará integrado por colectivos implicados en relaciones de consumo, la Administración regional y entidades locales de la región.
“Se actualiza la representación incorporando determinadas entidades no contempladas con anterioridad, como es el caso, de las asociaciones de comercio justo”, ha dicho Hernando.
Con ello, junto a la Administración regional, participarán como vocales organizaciones de consumidores y usuarios, de la asociación regional de cooperativas de consumo, de la organización empresarial de Castilla-La Mancha, el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio de Castilla-La Mancha, organizaciones sindicales, un vocal por parte de las asociaciones de vecinos, otro por la Federación de Municipios y Provincias, de las oficinas municipales de información al consumidor, y de las organizaciones de Comercio Justo, así como colectivos que requieran especial protección, como personas con discapacidad, mayores, niños, o personas en riesgo de exclusión social.
