Castilla-La Mancha se ha situado en el noveno puesto de entre todas las comunidades autónomas en el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal de este año 2019, elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad, en colaboración con la Unión de Contribuyentes y la Tax Foundation. De esta manera, la región mantiene la misma posición que ocupó en el ranquin de 2018.
Según este estudio, la región es la sexta más competitiva de España en lo referente al Impuesto sobre la Renta, la quinta en el Impuesto sobre el Patrimonio, la decimoquinta en el Impuesto de Sucesiones, la decimocuarta en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la decimotercera en el Impuesto sobre Hidrocarburos y la quinta en los impuestos propios de cada comunidad autónoma.
En cuanto a las recomendaciones emitidas por el informe, la primera de ellas aboga por reformar el Impuesto sobre la Renta reduciendo los tipos impositivos de todos los tramos “de forma inmediata” con un tipo impositivo máximo del 20% o el 21%. Además, también aconseja reducir el impuesto de sucesiones “hasta el nivel cántabro o andaluz” y aplicar al Grupo III las bonificaciones y reducciones de los Grupos I y II, “para poder finalmente proceder a la derogación del impuesto”.
Del mismo modo, recomienda derogar el Impuesto sobre el Patrimonio o bonificarlo al cien por cien, indicando que, de no ser posible, se debería aumentar el mínimo exento a 700.000 euros y rebajar la tarifa.
Finalmente, el informe pide a Castilla-La Mancha establecer el tipo de gravamen de Actos Jurídicos Documentados en el 0,5% y el de Transacciones Patrimoniales Onerosas en el 6%, así como eliminar los impuestos propios autonómicos existentes, como el impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente o el canon eólico.
Datos nacionales
En cuanto al resto de comunidades, Euskadi y la Comunidad de Madrid son las dos regiones más competitivas en términos fiscales, de acuerdo con la tercera edición del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad en colaboración con la Unión de Contribuyentes y la Tax Foundation.
El índice, que clasifica a todas las comunidades por su capacidad para competir fiscalmente para retener y atraer empresas y profesionales, destaca que las tres provincias vascas (se miden de forma separada al contar con una fiscalidad propia) y la Comunidad de Madrid lideran el ranking, ocupando Vizcaya la primera posición nuevamente; seguida de Madrid, que pasa de la tercera a la segunda posición sólo a cuatro centésimas de la primera; y Álava (tercera) y Guipúzcoa (cuarta).
En quinto lugar continúa La Rioja, mientras que Canarias sigue siendo la sexta comunidad del ranking a pesar de las particularidades fiscales del archipiélago. Las comunidades que más bajan son Asturias y Navarra, en el primer caso pierde una posición y reemplaza a Aragón como penúltima, mientras que Navarra, a pesar de disponer de concierto económico, sufre un fuerte retroceso pasando del décimo al decimocuarto puesto.
Por el contrario, la mejoría más pronunciada es la de Galicia, que sube dos posiciones, hasta el puesto decimosegundo. En el último puesto, por su parte, repite Cataluña, que sólo pierde tres centésimas, pero es la única comunidad que queda por debajo del aprobado.
Según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, la posición de Cataluña se debe sobre todo a la persistencia de un número muy elevado de impuestos autonómicos adicionales a los cedidos por la Administración Central, triplicando la media de tributos propios de las demás comunidades.
Por último, Unión de Contribuyentes destaca que el resultado del estudio en 2019 revela una ligera contracción de la competencia fiscal entre comunidades, que el año pasado era de 2,23 puntos sobre 10 (entre el territorio más competitivo y el menos competitivo) y ahora es de 2,16 puntos.
El índice tiene en cuenta los tramos autonómicos de los grandes impuestos, los tributos cedidos a las comunidades, la especificidad canaria y la de los regímenes forales, y los impuestos adicionales establecidos por cada comunidad autónoma.
