La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señala en un comunciado que ve fundamental el reconocimiento y mejora de la figura de autoridad pública de los docentes, no sólo en su presunción de veracidad y en su prestigio laboral, sino también en su protección y lucha por la seguridad en la aulas, por defender y proteger a los docentes ante cualquier tipo de acoso y agresión, considerando fundamental el reconocimiento y mejora de la figura de autoridad pública: no sólo en su presunción de veracidad y en su prestigio laboral, sino también en su protección.
CSIF presentó el pasado mes de enero los resultados de una encuesta que revelaba que el 90% del personal docente identifica y convive con situaciones de violencia en los centros de educación primaria y secundaria de España.
“Es una cifra terrible que 9 de cada 10 docentes sufran u observen violencia en el desarrollo de su trabajo, es una realidad a la que desgraciadamente no se le ha presentado la debida atención y tenemos que poner todos los recursos a nuestro alcance para atajarlo”, explica Ranz.
La Ley de Autoridad del profesorado de 10 de mayo de 2012 tiene por objeto “reconocer la autoridad del profesorado no universitario y establecer las condiciones básicas de su ejercicio profesional”. Y en Castilla-La Mancha fue el 21 de marzo de 2013 cuando se aprobó el Decreto de Autoridad del Profesorado, que “tiene por finalidad establecer el conjunto de conductas contrarias o gravemente atentatorias y medidas educativas, correctoras, aplicables por los centros educativos en aquellas actuaciones del alumnado y demás miembros de la comunidad educativa que constituyan un menoscabo de la autoridad del profesorado, de forma que se garantice el respeto y la protección de dicha condición a los mismos”.
A pesar de esta legislación, falta por desarrollar y llevar a la práctica estas ideas para que en el caso de que se produzcan faltas a la convivencia haya sanciones inmediatas. El problema es que el docente está desprotegido, ya que los enunciados tanto de la Ley de Autoridad como del Decreto de Autoridad, no han sido llevados a la práctica en Castilla-La Mancha para identificar los problemas y tomar medidas contra los agresores.
CSIF ha recordado el caso de agresión a un docente en Ocaña el pasado mes de octubre, con una docente brutalmente agredida, aunque son muchos los casos de violencia que no trascienden, y cita que hace un mes aproximadamente un docente de un centro de Guadalajara fue increpado y empujado por el padre de un alumno y como no había testigos decidió no denunciar.
También ocurrió otra agresión la pasada semana por un alumno a un docente en Ciudad Real capital, que fue atendido, de heridas no graves, en Urgencias del Hospital General Universitario.
Oficina de defensa del empleado público
CSIF anima a todos los docentes afectados que denuncien, y para ello Ranz avanzó que “la próxima semana tenemos previsto presentar la Oficina de Defensa del Empleado Público y puedo adelantar que el sindicato se personará como acusación particular ante cualquier caso de agresión. Por supuesto que también se personará CSIF como acusación particular en la agresión de Ocaña”.
Es habitual que los docentes convivan con situaciones de conflictividad de baja intensidad, hecho que perjudica el normal desarrollo de la actividad docente, pero también se producen situaciones conflictivas más graves, en lo que va de curso tenemos constancia de que se han producido de diez agresiones verbales o físicas, una a la semana en la región. En la mayoría de las ocasiones los docentes no se atreven a denunciar la situación porque prefieren que esos hechos no les afecte al día a día de su trabajo.
“No queremos ser alarmistas, pero es una situación muy grave que no se da a conocer. La Administración señaló la pasada semana que no son muchos este tipo de casos, pero la realidad es que sí y que además siguen aumentando”, señalaba Ranz, que añadía que “los estudiantes pasan un 12% de su tiempo en las aulas, por lo que educar en un ambiente de respeto hacia los profesores es una tarea de toda la sociedad”.
Además de la Ley de la Autoridad, CSIF reclama que cuando se producen agresiones, los docentes afectados sean “cuidados” por la Administración. “Se les debe ayudar cambiándoles de centro si así lo solicitan y también deben recibir terapia, es una carencia fundamental que la Administración no ofrezca ningún apoyo psicológico a los agredidos, sin embargo en CSIF sí lo hacemos a través del Programa CSIF Ayuda Profes”, señalaba Ranz.
