El documento en defensa del agua de Castilla-La Mancha que ha sido elaborado por el Gobierno regional, a fin de aunar posiciones ante las negociaciones del pacto nacional en esta materia, ha recibido un total de 11 propuestas que representan a 21 entidades o personas que, de forma colectiva, han presentado alegaciones al texto.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, quienes han recordado que ha habido dos meses –desde el 16 de julio al 15 de septiembre– para que los interesados pudieran presentar propuestas.
Dichas fuentes han recordado que, de forma previa, desde el mes de febrero se han mantenido encuentros presenciales con agentes sociales, económicos y medioambientales de la región. Está previsto, tras los encuentros que Francisco Martínez Arroyo ha mantenido con la portavoz regional de Ciudadanos, Orlena de Miguel, y el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, que el titular del ramo mantenga reuniones con Podemos, PP y PSOE.
DOCUMENTO
Bajo la premisa de que no se destine “ni una sola gota de agua para regadío en el Levante”, ya que “el agua para regadío se puede utilizar en Castilla-La Mancha”, el documento plantea priorizar la desalación y que únicamente se favorezca el trasvase de agua “cuando haya necesidades imperiosas de consumo humano” en la cuenca receptora y “siempre poniendo por delante los intereses de la cuenca cedente”.
Partiendo de que el agua es “un bien público con el que no se puede mercaderar”, el primero de los tres apartados en que se divide este texto que fija la posición de Castilla-La Mancha en materia hídrica aborda la gobernanza del agua y plantea la necesidad de contar con las comunidades autónomas en todos los procesos de toma de decisiones, entre los que destaca las cuencas hidrográficas.
Este primer punto también recoge que cualquier uso de la cuenca cedente debe tener “absoluta y total prioridad” sobre cualquier otro uso fuera de esa cuenca, así como que los balances hidrológicos “deben tener en cuenta la capacidad de las desaladoras, si es que las hubiera” y que estas deben estar “completas y a pleno rendimiento” lo antes posible.
El segundo de estos bloques, en el que se plantean las necesidades del agua para la agricultura, se marca la “apuesta” de la región por los regadíos sociales, que “redistribuyen la riqueza que el agua genera entre todos los usuarios”.
Del mismo modo, el documento habla también sobre la creación de una “bolsa de derechos de agua” para distribuirla entre los regantes “priorizando a los jóvenes, los agricultores profesionales y los regadíos sociales”.
Finalmente, el tercer apartado del borrador, que habla sobre los aspectos relacionados con el abastecimiento, el medio ambiente y la depuración, pide que se lleve a cabo un “abastecimiento sostenible, con una gestión óptima y priorizando el buen estado ecológico que exige la Directiva Marco del Agua, poniendo también a la depuración como “elemento esencial”, así como el fomento del uso eficiente del agua y su ahorro. Para ello será necesario invertir en I+D+i.
Para elaborar este documento en defensa del agua de Castilla-La Mancha, el Gobierno regional ha tratado con las organizaciones sindicales CCOO y UGT, la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha y la Federación de Municipios y Provincias.
En el proceso han participado de igual modo las comunidades de usuarios de aguas subterráneas del Alto Guadiana, la Junta Central de Regantes Mancha Oriental del Júcar, la Plataforma de Regantes de la Cuenca del Segura, comunidades de regantes de la cuenca del río Tajo, las organizaciones medioambientales Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF, además del sector vitivinícola de la región y la Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía.
