La Comisión Técnica de la Comisión Provincial del Agua de Alicante ha pedido diálogo previo para abordar la propuesta de revisión de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y ha puesto sobre la mesa diversos planteamientos para su consideración.
En la reunión, que se ha celebrado este viernes en la Diputación de Alicante, han participado el presidente de la institución provincial, Toni Pérez, y la vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, según ha indicado la corporación en un comunicado.
Asimismo, han participado una quincena de profesionales, que han coincidido en la necesidad de establecer un proceso de diálogo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y las regiones afectadas por los trasvases, con el propósito de acordar una hoja de ruta consensuada antes de que el documento final llegue al Consejo Nacional del Agua para su análisis y validación.
Serna ha apuntado que la petición de los técnicos es que haya un borrador de reglamento “debatido y conocido” por todas las partes implicadas, “ante la excepcional importancia y singularidad de la situación hídrica de la provincia y en ausencia de un plan hidrológico nacional”.
Así, ha señalado que el trasvase Tajo-Segura afecta a distintas comunidades autónomas –en las áreas cedentes a Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura y en las áreas receptoras a Murcia, Comunitat Valenciana y Andalucía–, por lo que considera que “es necesario un planteamiento territorial conjunto e integrador”. Asimismo, ha añadido que “el desarrollo de las normas de explotación no puede llevarse a cabo de forma aislada, sino que se requiere del concurso de todos”, ha sostenido.
La propuesta de texto analizada este viernes por los técnicos de la comisión determina que no es “posible ni deseable encajar la norma como suma de intereses parciales y egoísmos territoriales o sectoriales, sino que se requieren los más amplios acuerdos posibles”, según ha sentenciado Serna.
“La experiencia del Memorándum Tajo-Segura, con cinco comunidades autónomas suscribiendo un documento conjunto, mostró que con las necesarias mejoras y adaptaciones es posible un acuerdo territorial de largo alcance”, ha puntualizado la vicepresidenta, quien ha reclamado identificar los problemas y objetivos de forma explícita para buscar una solución “ponderada” que, en beneficio del interés general, procure atender esa multiplicidad de territorios y necesidades.
Grupo de trabajo técnico en el Ministerio
Por su parte, el catedrático, experto en políticas hídricas y presidente de la Comisión Técnica del Agua, Joaquín Melgarejo, ha destacado que “la necesidad de actualización de la regla no es una nueva idea”. “Fue propuesta ya en los primeros estudios de 1997, reiterada en 2013 y formalizada por la propia regla como un mecanismo necesario de racionalización y adaptación a las diferentes circunstancias hidrológicas y socioeconómicas del territorio”, ha explicado.
Asimismo, la propuesta de Melgarejo, en nombre de los técnicos que conforman este órgano, pone el foco de atención en la creación de un grupo de trabajo técnico interno en el Ministerio, integrado por las administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas afectadas.
“Este equipo, radicado en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, bajo la coordinación de la Dirección General del Agua, sería el encargado de elaborar un documento-propuesta para la revisión de la Regla de Explotación del Trasvase Tajo-Segura”, ha puntualizado.
En la Comisión Provincial del Agua se integran 46 representantes de distintas administraciones, entidades y sectores hídricos del territorio. Este órgano está presidido por el catedrático Joaquín Melgarejo e integrado por Andrés Molina, Ángel Urbina, Arturo Trapote, Daniel Prats, Fernando Pérez Calvo, Jaume Berenguer, Javier Valdés, Joaquín Navarro, Juan Luis Martínez, Juan Luis Paredes, Pablo Melgarejo, Paco Santiago, Ramón Espinosa y Miguel Fernández Mejuto.
