El Gobierno de Castilla-La Mancha adelantará el próximo mes de julio a los Centros Especiales de Empleo de la región un total de 5,5 millones de euros para el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Así lo ha este jueves la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en la inauguración de la jornada ‘Unidades de apoyo y su valor social en los Centros Especiales de Empleo de Castilla-La Mancha’, organizada por Feacem, la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo y patrocinada por Iberdrola, ha informado la Junta en nota de prensa.
“No queremos que los centros tengan que esperar a diciembre para recibir el pago de estas ayudas porque el Ministerio se demore hasta casi el último día del año para transferir a las comunidades autónomas los fondos que nos corresponden en materia de políticas activas de empleo”, ha explicado Patricia Franco.
Castilla-La Mancha es la tercera Comunidad Autónoma del conjunto del Estado que cuenta con una tasa de actividad más alta de personas con discapacidad, roza el 38 por ciento, por detrás de la Comunidad de Madrid y el País Vasco.
“A las personas con discapacidad, que nos están diciendo a través de la EPA que quieren y pueden trabajar, hay que ofrecerles oportunidades que nos permitan a todos aprovechar su valía profesional y humana”, ha asegurado Patricia Franco, que ha reconocido también que aprovechar al máximo todos nuestros recursos “permitirá alcanzar mayores cotas de igualdad social, y ser más competitivos desde el punto de vista económico”.
“Las personas con discapacidad son nuestra prioridad y ello se demuestra en que estamos haciendo un notable esfuerzo para mantener nuestro compromiso con su integración en el mercado de trabajo a pesar de la ausencia de presupuestos aprobados para este ejercicio”, ha argumentado la titular de Economía, Empresas y Empleo.
El Ejecutivo de Emiliano García-Page ha mantenido en 2017 su compromiso de asumir el incremento del 8 por ciento del salario mínimo interprofesional pactado para este año, a pesar de no contar con las cuentas aprobadas para este ejercicio y que la dotación ministerial está por debajo de las necesidades en la región.
La adaptación de la normativa a las políticas del Gobierno regional ha hecho posible recuperar las ayudas a las unidades de apoyo que no existieron la pasada legislatura. “Unas ayudas que concederemos y también pagaremos el próximo mes de julio, lo que nos va a permitir apoyar unidades en alrededor de 20 centros con cerca de 700 trabajadores”, ha avanzado.
Mejorar la competitividad
Además, en la línea de mejorar la competitividad de los centros, el Ejecutivo regional está desarrollando junto con Iberdrola el programa ‘+ Implicados’, tendente a mejorar su gerencia a través de acciones de asesoramiento y formación, de cara a incrementar la eficiencia de la actividad que desarrollan y su rentabilidad. “Competitividad y calidad en el empleo deben ser las señas de identidad de nuestro mapa de centros especiales de empleo”, ha argumentado la consejera Patricia Franco.
En este orden de cosas ha significado que el Gobierno de Castilla-La Mancha cuenta con un Decreto de ayudas a la contratación indefinida de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo que incrementa la cuantía de la ayuda en todas las líneas que contempla (mujeres, hombres, discapacidades más severas y para mayores de 45 años). Una línea que el año pasado ayudó a más de 100 personas con discapacidad a entrar en el empleo de forma estable.
En esta Comunidad Autónoma las personas con discapacidad tienen una plaza asegurada o valoración prioritaria en los proyectos que se presenten a todas las líneas de ayuda de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, lo que ha permitido que más de 4.300 personas de este colectivo se hayan beneficiado de políticas activas de empleo puestas en marcha por el Gobierno regional desde el inicio de la legislatura, con una inversión de alrededor de 18 millones de euros.
En Castilla-La Mancha hay 93 Centros Especiales de Empleo, que emplean a 3.564 personas, de las que el 93 % son personas con discapacidad (3.304), el 35 % mujeres. El 74 % de las personas que trabajan en ellos tienen una discapacidad física casi el 20% una discapacidad psíquica y el 8% sensorial. El 96 % de las plantillas tiene más de 25 años.
