Los Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía han reclamado poder usar los recursos de los embalses y que estos dejen de ser “dilapidados” en Levante, pues pudiendo disponer de recursos hídricos se podrá frenar la “hemorragia demográfica” que sufren estas zonas de Guadalajara y Cuenca. Por ello ha pedido en el Parlamento regional “unidad” en Castilla-La Mancha a la hora de pedir “lo qué le corresponde a la región”.
Ha sido Miguel Ángel Sánchez, técnico de esta asociación, el que ha elevado esta petición a la Comisión no Permanente de Estudio para alcanzar un Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha, que este martes se ha retomado en las Cortes regionales. En este marco, ha urgido a que la gestión de los ríos, que ahora ejerce el Gobierno de España, “deje de estar supeditada a intereses territoriales”.
A modo de ejemplo, Sánchez ha indicado que los 70 hectómetros que se han evacuado este mes por el canal del trasvase a Levante suponen el consumo de 10 años de una ciudad como Toledo. “El trasvase se lleva agua, pero sobre todo dinero”, ha insistido.
Dicho esto, y a pesar de admitir que no hay una receta mágica contra la despoblación, este técnico de la asociación de municipios ribereños ha asegurado que a la necesidad de cerrar el trasvase se suma la de conocer la personalidad de cada territorio, más en una región “enorme” como es Castilla-La Mancha, “donde todo se analiza desde Toledo pero sin entrar al detalle de cada territorio”.
De ahí que también considere imprescindible intentar cambiar la forma de ver el mundo rural, hacerlo atractivo, pues considera que la
baja densidad poblacional en la periferia de Castilla-La Mancha es una asignatura pendiente en la autonomía, donde durante 40 años se ha dejado vaciar de población todo lo que no es el centro de la misma.
Agricultura de regadío
Y es que, Miguel Ángel Sánchez se ha mostrado convencido de que si esta zona importante de la región pudiera hacer uso de los recursos hídricos que ahora se le niegan vería aumentada su capacidad económica, pues ya dispone de miles de hectáreas de espacios naturales de alto valor ecológico y podría dotarse de una agricultura de regadío, de la que adolece “porque se privilegia el trasvase a una cuenca externa”.
Tras precisar que la ausencia de agua ha provocado que las zonas ribereñas de Entrepeñas y Buendía ni siquiera sufrieran el impacto de la burbuja inmobiliaria, dada su cercanía a Madrid, ha asegurado que los embalses no son “limitantes” sino que es la gestión que se hace de ellos la que determina la problemática. A modo de ejemplo, se ha referido al madrileño embalse de San Juan, en cuyo entorno, tanto la población como la actividad económica lejos de disminuir, ha aumentado.
Situación inversa es la que, según este técnico, han sufrido los municipios ribereños, que desde los años 80, ante la escasez de recursos hídricos, sufre cierta desventaja con respecto al resto de población rural de Castilla-La Mancha y de España, hasta el extremo de presentar en 2018 una densidad de cinco habitantes por kilómetro cuadrado, lejos de los 23 de Castilla-La Mancha o los 94 de España.
A ello se une un alto porcentaje de personas mayores de 65 años, una elevada tasa de dependencia y un bajo índice de natalidad, datos que le han llevado a alertar de que la pérdida de población en estas zonas, que en los últimos 10 años ya han descendido entre un 10 y un 15 por ciento, se va a agudizar.
Facilitar el urbanismo y la vivienda
De su lado, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Ciudad Real (APEC), Manuel Carmona, que también ha aportado su visión en este grupo de estudio parlamentario, ha incidido en la necesidad de atraer y retener empresas, pero huyendo del sistema de conceder ayudas a todas aquellas que se implanten en la región.
“Desgraciadamente en esta tierra hemos visto que muchas empresas vienen por la subvención y cuando se termina la ayuda se van”, ha lamentado el también representante de la Federación Empresarial ciudadrealeña, que como “receta” para atraer a empresarios y trabajadores sugiere usar la “calidad de vida” de las zonas no urbanas.
“Una de las potencialidades es la calidad de vida que tenemos, porque a nivel salarial no podemos luchar con otros territorios, teniendo tan cerca Madrid. Por ello es importante que se pueda atraer con lo bien que se vive o la formación en nuestros núcleos”, ha añadido Carmona, que ha precisado que tras el paso del coronavirus, el entorno laboral ha cambiado “radicalmente y el teletrabajo ha venido para quedarse”.
De ahí, que además de abundar en la necesidad de retener empresas no solo con subvenciones sino con bonificaciones fiscales, ha reclamado potenciar el desarrollo de las redes digitales y de garantizar los servicios públicos en los pequeños municipios, a fin de crear un entorno laboral apetecible para que las empresas puedan implantarse y seguir creciendo en los entornos rurales de la región, la mayoría de ellos de menos de 5.000 habitantes.
El responsable de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Ciudad Real también ha pedido en sede parlamentaria la modificación integral de la Ley Organizadora del Territorio y la Actividad Urbanística (Lotau) para adaptarla a la actualidad urbanística, pues además de estar desfasada –data de los años del ‘boom’ inmobiliario–, fue ideada para los núcleos urbanos, obviando la realidad rural.
En este punto, y luego de abogar por alcanzar un equilibrio entre el control de la legalidad, el respeto al medio ambiente y el entorno rural”, se ha mostrado partidario de propulsar herramientas como la ‘Declaración Responsable’ y el ‘Silencio Administrativo Positivo’ para agilizar los proyectos empresariales que se quieran asentar en la región. También ha pedido dotar a los pequeños ayuntamientos de instrumentos para que la complicada normativa urbanística no suponga un freno en su desarrollo.
Así las cosas, y en materia de vivienda, ha demandado más ayudas a la compra y a la rehabilitación, pues ha alertado de que las dirigidas al alquiler, ahora mayoritarias, tienen cabida en los entornos metropolitanos, pero no llegan a las zonas rurales, donde con más incentivos fiscales se podría retener población.
