La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha mostrado su rechazo al proyecto de Estatuto de las personas en formación práctica en el ámbito de la empresa, conocido como Estatuto del Becario, ya que constituye «una amenaza» para el modelo de prácticas vigente en el sistema universitario español.
Cabe resaltar que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado hoy que su departamento y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para desplegar el Estatuto del Becario, aunque no ha contado con el apoyo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Así, la CRUE, que agrupa a 76 universidades españolas (50 pública y 26 privadas) ha mostrado su discrepancia por la forma en la que se ha negociado, ya que las prácticas de estudiantes universitarios «son un asunto estrictamente académico», por lo que no entiende la razón de que sean los sindicatos y la patronal los que pacten su régimen jurídico.
«No se cuestiona su capacidad –y la del Ministerio de Trabajo– para fijar la frontera entre lo que son prácticas académicas y lo que no lo son por configurar un verdadero y propio contrato de trabajo. Pero, una vez establecida esa frontera, nada tienen ya que disponer sindicatos y patronal respecto del régimen jurídico de las prácticas académicas. Eso es un asunto exclusivamente académico cuya competencia reguladora recae en el Ministerio de Universidades y en las propias universidades», alega la organización a través de un comunicado.
Además, se opone «radicalmente» al establecimiento de una compensación obligatoria por los gastos en que pueda incurrir el estudiante en prácticas. Para Crue es una previsión «inédita» en el Derecho español y sostiene que su consecuencia «inmediata» es que disminuya de manera «dramática» el número de empresas y «sobre todo» de entidades públicas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas.
Además de todo ello, afirma que la valoración de tal compensación generará «con toda seguridad» una gran complejidad y dificultades añadidas a la gestión ordinaria de las prácticas.
Por último, insiste en el «serio peligro» para la continuidad de la oferta de prácticas que también suponen tanto la compensación obligatoria como la inclusión de los estudiantes en prácticas a la Seguridad Social «sin, al menos, dejar tiempo a las universidades para su aplicación». También advierte de los «perjuicios» de las medidas para el estudiantado español.
