El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga la causa por el ‘procés’ de Cataluña, ha procesado por los delitos de rebelión al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras, al candidato a president Jordi Turull, a la expresidenta de Parlament Carme Forcadell, a la exnúmero dos de ERC Marta Rovira -quien este viernes ha huido y dado plantón al magistrado que iba a revisar su situación procesal- y a otros seis exconsejeros, además de a los exresponsables de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y Ömnium Cultural Jordi Cuixart.
El juez fija una fianza de responsabilidad civil por importe de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los 14 exmiembros del Gobierno catalán procesados, es decir, Puigdemont, Junqueras, Forn, Turull, Raül Romeva, Ponsatí, Rull, Comin, Bassa, Borràs, Lluis Puig, Mundó, Vila y Serret.
La cuantía se ha establecido sumando a los 1,6 millones de euros, que el magistrado dice que se emplearon para sufragar el referéndum del 1-0, más el tercio de esa cuantía que debe añadirse de acuerdo a la ley para este tipo de fianzas.
No son procesados por ningún delito el expresidente Artur Mas, la coordinadora del PDdeCAT Marta Pascal y la expresidenta de la AMI Neus Lloveras.
También procesa los otros 5 exmiembros del Govern cuando sucedieron los hechos, Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, por delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia.
A Puigdemont, Junqueras y los siete consellers procesados por delito de rebelión también les procesa por malversación, sin perjuicio de que su calificación pueda incardinarse en el delito específico de malversación (artículo 432 del Código Penal) o quedar absorbida en el delito agravado de rebelión con distracción de caudales públicos de su legítima inversión contemplado en el artículo 473.2 del Código Penal.
Asimismo, el juez procesa por el delito de desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlament –Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet–, así como a Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, y a Anna Gabriel, exportavoz del mismo grupo y huida en Suiza. Ha citado a todos ellos entre el 16 y el 18 de abril para comunicarles personalmente estas conclusiones.
Tras comunicar su auto, el magistrado ha dado dos horas a los abogados para que lo estudien y ha fijado para las 12.30 horas la celebración de vistillas para revisar la actual situación procesal de cinco de los procesados actualmente en libertad bajo fianza: Turull, Forcadell, Rovira, Romeva, Rull y Bassa, y que podrían ingresar en prisión preventiva. También había sido citada Rovira que ha huido al extranjero.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS HECHOS
En cuanto a Puigdemont, Junqueras y Joaquim Forn, el auto detalla que en la reunión de coordinación policial del 28 de septiembre previa al referéndum del 1-0, fueron advertidos por los responsables de los Mossos del grave riesgo de incidentes violentos ante el referéndum.
El juez considera que conocían la gravedad de la protesta del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía y decidieron continuar con el referéndum, llamaron a la población a la movilización e impulsaron un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado.
Por lo que respecta a los “Jordis”, el juez destaca que también han cometido rebelión porque utilizaron sus cargos en ANC y Òmnium para movilizar a cientos de miles de seguidores e impulsaron una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir el referéndum ilegal. También alude a su papel en las concentraciones del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía que estaba siendo registrada por orden del juez de instrucción número 13 de Barcelona.
PARTICIPACION “ESENCIAL” DE ROVIRA Y TURULL
En cuanto a la hoy huida Marta Rovira, Llarena también le atribuye rebeldía por su “participación esencial” en la ideación de mecanismos de actuación, impulso parlamentario de una legislación de soporte y coordinación de sectores de la administración, y responsabilidad ante el referéndum para lograr plena disponibilidad de centros de votación.
Ocurre algo muy parecido con Turull, a quien atribuye indiciariamente los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos por impulsar la movilización desde sus funciones de portavoz de la Generalitat. Además, le acusa de gestionar y diseñar la inserción publicitaria del referéndum, coordinar infraestructuras informáticas para la votación y reclutamiento de voluntarios.
El auto detalla también la intervención del exconsejero de Exteriores Raul Romeva, a quien atribuye rebelión y malversación de fondos públicos por impulsar la creación de estructuras del Estado y favorecer el reconocimiento de la República Catalana en el extranjero a través de Diplocat.
Además, le considera responsable del proyecto para posibilitar votación electrónica por Internet de residentes en el extranjero y asumir la atención a observadores internacionales.
En cuanto a Comín y Bassa, les acusa de asumir el control de los locales dependientes de sus respectivas consejerías para el referéndum. Además el juez considera que existen pruebas de que permitieron que sus departamentos soportaran parcialmente el gasto de papeletas, censo y citaciones a los componentes de las mesas y por ello también los considera posibles culpables de rebelión y malversación de caudales públicos.
Los mismos delitos atribuye a la también huida Ponsatí, a quien acusa de asumir el control y ocupación de todos los centros escolares dependientes de su consejería para el referéndum. A Josep Rull le atribuye las mismas conductas penales por participar en múltiples reuniones definitorias de la estrategia independentista. Tras el referéndum ilegal impidió que un ferry destinado a acoger a policías atracase en el Puerto de Palamós.
IMPUTACIÓN DE LA MESA
Con respecto a Forcadell, detalla su participación “medular” desde los comienzos del proceso independentista como presidenta de la ANC. Después, como presidenta del Parlament tramitó la aprobación de la legislación de soporte que sirve de coartada legitimadora al proceso, aún contrariando las reiteradas prohibiciones y requerimientos del TC.
Añade que su participación “ha ido de la mano con la violencia de las últimas fases del proceso” y que estuvo presente en la manifestación del 20 de septiembre y arengó a la movilización para el día siguiente ante el TSJ de Cataluña y puso la institución al servicio del violento resultado obtenido con el referéndum y de la proclamación de la república, por lo que la considera culpable de rebelión.
Sólo encuentra censurable por desobediencia sin embargo la conducta de los exmiembros de la mesa Corominas, Guinó, Simó, Barrufet, y Nuet por su “tenaz y perseverante desatención” del requerimiento que en diversas ocasiones les hizo el TC para que impidieran o paralizaran cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias que culminaron en la DUI del pasado 27 de octubre.
Igualmente atribuye desobediencia, unida al delito de malversación a los exconsellers Borrás, Mundó, Vila y los huidos Puig y Serret por desatender los requerimientos del TC al aprobar el decreto del referéndum y autorizar a los diferentes departamentos acciones y contrataciones necesarias para el mismo. A las exdiputadas de la CUP Boya y Gabriel propone que sean juzgadas por desobediencia.
