El catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Castilla La Mancha, Joaquín Aparicio Tovar, considera que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado el pasado viernes por el Gobierno de Pedro Sánchez, es una exigencia de decencia social y una medida para empezar a corregir la gran desigualdad que se ha instalado en España. A su juicio, esta prestación se debería haber puesto en marcha hace algunos años, pero entiende que ahora es de urgente necesidad “porque a los afectos devastadores de la crisis de 2008 se suman los de la crisis del Covid-19″, explica a este digital.
Para el catedrático emérito de la UCLM, la inclusión de un Ingreso Mínimo Vital dentro de las prestaciones comprendidas en la acción protectora de la Seguridad Social es una necesidad en nuestro país, destacando que aunque en el año 2013 comenzó una recuperación de la crisis de 2008, solo fue económica, no social.
” Una de las recetas aplicadas en aquel momento -explica- fue la “devaluación salarial” y una de sus consecuencias es que hoy, de acuerdo con los datos del Eurostat más de 9 millones de personas en España están en riesgo de pobreza mientras que el 26 por ciento de los niños menores de 16 años vive en hogares con ingresos inferiores al umbral de pobreza. Es, por tanto, una exigencia de decencia social y una medida, aunque todavía tímida, para empezar a corregir la enorme desigualdad que se ha instalado en España”.
Cuantía de la ayuda
La cuantía de esta ayuda oscila entre los 462 euros y los 1.015 euros dependiendo del tipo de hogar. O como explica Joaquín Aparicio: “Es la diferencia entre el ingreso total de rentas de la persona con derecho a la percepción del IMV y el de la prestación no contributiva actual de la Seguridad Social (461 € al mes), una cantidad que se incrementa según el número de personas que convivan en la unidad familiar o si se trata de hogares monoparentales”.
En opinión del mayor experto en esta cuestión y autor de numerosas publicaciones y artículos al respecto, se ha elegido establecer como referencia la cantidad en que está fijada hoy la prestación no contributiva como línea a partir de la cual actuar. Y “es una idea correcta porque es objetiva y no permite a la administración de la Seguridad Social o al ente gestor que asuma esta prestación, si hay un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad, actuar con discrecionalidad”.
¿Podría haber sido más alta esta cantidad?, se pregunta. Sin duda, responde. Pero ahí entran las consideraciones sobre la disponibilidad económica del Sistema. Es posible que más adelante se revise al alza. Es más, debería de hacerse, aclara.
“Paguita” no, un derecho
En opinión de Aparicio Tovar, quienes califican el IMV como una “paguita” están expresando, aunque directamente no lo digan, una idea muy antigua, cual es que el pobre lo es por su culpa, cuando ya desde 1883 quedó claro con la implantación del primer seguro social que hay determinadas situaciones de necesidad que son “sociales”, es decir, “no por incuria de quien la sufre sino producto de la organización social”.
Y no tiene dudas al respecto sobre quienes hablan de “paguita” u otros calificativos ya que entiende que lo que “reclaman en el fondo es que esas situaciones se afronten por la caridad o el altruismo, pero eso es ofensivo. Hay que dar la prestación como un derecho para que quienes la perciban sean ciudadanos y no personas a las que se insulta su dignidad obligándoles a pasar por la humillación de recurrir a la caridad (con ese nombre u otros parecidos) para tener que sobrevivir”.
P.-¿Esta prestación debe ser gestionada por las Comunidades Autónomas?
R.-Esta es una prestación que completa la acción protectora de la Seguridad Social y por ello su articulación es competencia exclusiva del Estado, pero la gestión puede ser llevada a cabo por las Comunidades Autónomas o ayuntamientos, previa firma de un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Ahora bien, las CCAA o los ayuntamientos no pueden actuar con discrecionalidad en el reconocimiento o no de la prestación. Para una buena gestión hay que ver si tienen un aparato administrativo eficaz y ágil.
Hay que recordar que en la legislatura anterior Castilla-La Mancha no fue capaz de aprobar una ley autonómica de garantía ciudadana, cuya filosofía era parecida al actual Ingreso Mínimo Vital, pero si quiere gestionarle tendrá que suscribir un convenio, como ya se ha dicho, con el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
40.000 familias en Castilla-La Mancha
El gobierno de España a través de su portavoz, María Jesús Montero, precisaba este martes que esta nueva prestación beneficiará a 850.000 hogares en España, lo que supone 2,3 millones de personas mientras que, según las estimaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha, serían unas 40.000 familias las que beneficiarían en esta Comunidad, es decir, 120.000 personas.
El Gobierno liderado por Emiliano García-Page ha valorado de forma positiva la aprobación del IMV , destacando que es una inyección de renta que irá acompañada de una estrategia de inclusión con incentivos para la contratación, apoyo social y laboral por parte de las Comunidades Autónomas y ayuntamientos, y la creación de un sello social para las empresas que formen y empleen a las personas beneficiarias, que tienen que estar inscritas como demandantes de empleo.
Page defiende, y así se lo hizo saber al presidente Sánchez, que el IMV se articule como un mecanismo que funcione como un “estímulo” para que los beneficiarios encuentren empleo y no se plantee como un simple “subsidio”.
A partir del 15 de junio
Según publica la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, el IMV se podrá solicitar a partir del 15 de junio habiéndose establecido que las solicitudes presentadas durante los tres primeros meses (hasta el 15 de septiembre) tengan efectos económicos desde el 1 de junio de 2020, siempre que se cumplan los requisitos en dicha fecha. Al configurarse como una prestación de la Seguridad Social, se solicita al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), como el resto de prestaciones contributivas y no contributivas.
Con el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno central se pretende reducir en un 80% la pobreza extrema en España.
