La aplicación de la ley de libertad sexual o ‘solo sí es sí’ en lo que afecta al Código Penal está suponiendo más carga de trabajo a los de por sí colapsados juzgados de violencia sobre la mujer de Ciudad Real, una de las muchas provincias que carece de juzgados exclusivos en la materia.
Lo denuncia el sindicato Justicia y Progreso de Ciudad Real en un comunicado en el que asegura que las pulseras telemáticas que ponen a excarcelados por las rebajas de condena que implican los cambios en el Código Penal (se han refundido en un solo tipo penal, la agresión sexual) las que tienen que controlar los juzgados de Violencia sobre la Mujer.
En el caso del partido judicial de Ciudad Real es el mixto número 5, que no solo lleva estos asuntos, sino parte de otros propios de instrucción y primera instancia, aunque en horario laboral está siempre de guardia para violencia de género.
Pulseras de agresores sexuales
“Los juzgados de violencia sobre la mujer no solo controlan las pulseras de los maltratadores, sino la de esto excarcelados por delitos sexuales”, cuenta Justicia y Progreso, que advierte además de lo que supondrá la aplicación de la disposición final vigésima de la ley que establece una revisión de las competencias de estos juzgados “en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, para ampliar su competencia a nuevos delitos de violencia de género fuera del ámbito de la pareja, tal y como establece el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica”, dicen.
A Justicia y Progreso le sorprende que las autoridades públicas no hayan abordado esta cuestión en las jornadas sobre el protocolo VioGén que se han celebrado en este marzo auspiciadas por la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real.
Atención “en condiciones pésimas” en los juzgados
“Como sindicato de justicia queremos hacer un llamamiento a los poderes públicos para que destinen más recursos a los profesionales que cada día atendemos a esas víctimas y sus familiares en unas condiciones pésimas, que no permiten ofrecer el servicio público que merece toda persona que se ve inmersa en este tipo de procedimiento judicial”.
Los medios no llegan a los juzgados
Ricardo Rosales, delegado de Prevención de Justicia y Progreso, cuenta que “crea mucha frustración a los funcionarios ver que no pueden desarrollar su cometido en las mínimas condiciones posibles. Los medios económicos que se destinan a la lucha contra esta lacra social no llegan a los juzgados ni por asomo”, añade.
Problemas desde su creación
Los juzgados de Violencia sobre la Mujer arrastran problemas de diversa índole desde su creación, como la falta de formación de todos los operadores jurídicos, desde los jueces hasta el personal funcionario, así como una excesiva carga de trabajo y pocos medios personales y técnicos con los que afrontar la tramitación de procedimientos.
A todo ello se une la situación “insostenible con jornadas extenuantes y sin compensación alguna” que lo sindicatos llevan denunciando desde hace muchos años, prácticamente desde 2004, cuando entró en vigor la ley integral de violencia sobre la mujer. “Las jornadas maratonianas llegan a alcanzar las doce o catorce horas de forma ininterrumpida”, asegura Rosales.
