El Consejo de Ministros ha dado este lunes su visto bueno al Anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión, que tiene como objetivo, entre otros asuntos, impedir el establecimiento de nuevos copagos en la sanidad y que la gestión directa pública sea la “fórmula preferente” en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Así lo ha anunciado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha calificado esta norma de “muy importante” porque “mejora y amplía los derechos” de los ciudadanos.
Tal y como ha contado Darias, la norma incluye la derogación de manera “explícita, expresa y nada tácita” de la Ley 15/1997 del Gobierno ‘popular’ de José María Aznar, que permitía recurrir a fórmulas para la privatización de la sanidad pública. Su derogación era uno de los requisitos de Unidas Podemos para apoyar el nuevo texto.
Sin embargo, a través de la modificación de la Ley General de Sanidad, la nueva norma sigue permitiendo otras fórmulas de privatización, siempre que sea de “carácter excepcional” presentando una memoria que “garantice la necesidad de acudir a ellas por motivos sanitarios y económicos”, ha explicado la ministra.
CHOQUE ENTRE GOBIERNO Y PODEMOS POR LA PRIVATIZACIÓN
Este mismo lunes, antes de conocer que se contempla la derogación de la Ley 15/1997, el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha reafirmado su disconformidad con esta norma porque, a su juicio, mantiene “intacta” la normativa del Gobierno de José María Aznar que permitía la “privatización”. Por ello, ha avanzado que habrá una “batería de enmiendas” en el trámite parlamentario, de cara a revertir las privatizaciones en los servicios sanitarios.
El planteamiento del espacio confederal era presentar enmiendas, cuando entre el anteproyecto de Ley de Equidad en la Cámara Baja, que estipulen la imposibilidad de aplicar nuevas concesiones de gestión indirecta y no renovando las ya existentes.
“Es la oportunidad de cerrar la puerta a la concepción de la sanidad como un negocio, como una mercantilización”, ha desgranado el dirigente de la formación morada, para insistir en que quieren una “modificación profunda” de la normativa impulsada por Aznar. En consecuencia, ha dicho que confían que el PSOE “entre en razón”, “rectifique” y “acepte” esas enmiendas, dado que ahora no están conformes con el planteamiento recogido por la titular de Sanidad.
En respuesta, Darias ha señalado que “esto es una Ley de todo el Gobierno”, aunque no aclarando específicamente si se ha contado finalmente con el beneplácito de sus socios. “Esto es una Ley de todo el Gobierno de la que estamos muy satisfechos. Ha sido fruto de la aportación de los Ministerios que forman el Gobierno. Cumple con el acuerdo programático: avanzar con la consolidación de derechos de la ciudadanía y en una gestión pública porque pone como predilecta la gestión directa”, ha defendido.
La ministra ha insistido en su posición y ha censurado las “líneas rojas” de Unidas Podemos. “Hablar de líneas rojas cuando amplía nuevos derechos e impide volver a tiempos pasados es complicado. Se apuesta por la gestión directa de los servicios públicos de sanidad, cosa que me parece muy importante”, ha reivindicado.
RESTRINGE NUEVOS COPAGOS
Con este Anteproyecto, además de priorizar la gestión directa pública en el SNS, se restringe la posibilidad de establecer nuevos copagos. El Gobierno ya había eliminado el copago farmacéutico para preceptores del ingreso mínimo vital, pensionistas con rentas bajas, menores con discapacidad y personas con renta por hijo a cargo. Ahora, la nueva norma amplía también las exenciones del copago ortoprotésico para todos estos colectivos. Asimismo, también se restringe que pueda haber copagos en transporte sanitario no urgente y productos dietoterápicos.
La nueva norma también modifica la Ley 16/2012, impulsada por la ‘popular’ Ana Mato, que introdujo los copagos y también dividió en tres la Cartera de Servicios Comunes, estableciendo qué servicios se copagaban y cuáles no.
“Ahora las unificamos para que no puedan introducirse nuevos copagos sanitarios. Con esta Ley, se garantiza que de manera homogénea en todo el territorio nacional se recupere la Cartera común”, ha explicado Darias.
Por otra parte, se recoge que las personas nacidas en España y residentes en el exterior tengan cobertura sanitaria pública cuando vuelvan a nuestro país de manera temporal, así como la aplicación “homogénea” en todo el territorio nacional de la recuperación de la universalidad aprobada en 2018.
Diversas entidades y organizaciones no gubernamentales (ONG) llevaban denunciando desde 2018 que, pese al Real Decreto del Gobierno para recuperar la universalidad de la atención sanitaria a todos los no residentes, aún se producían casos de exclusión en algunas comunidades autónomas. Darias ha reconocido que “no existe una aplicación homogénea” en todo el territorio nacional, por lo que esta Ley quiere acabar con esas exclusiones.
Igualmente, la norma incorpora formalmente a los pacientes en el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud para “hacer efectiva la participación social” y que estas entidades puedan ejercer una “participación institucional”. “Nos parece muy importante la escucha activa y dar entrada a las organizaciones de pacientes”, ha destacado.
También se amplía la atención especializada en pacientes con déficit funcional, ya que hasta ahora solo se financiaban los tratamientos que “mejoraban la vida de la gente”. Esta situación provocaba dejar fuera a algunos colectivos, como los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ya que su rehabilitación no les permitía avanzar en su enfermedad sino “mantener una calidad de vida mínima”.
Por último, se incluye el desarrollo reglamentario del Fondo de Garantía Salarial y la posibilidad de que la red de evaluación de tecnologías sanitarias pueda organizarse en un consorcio para poder participar en proyectos europeos.
“Estamos ante una iniciativa de gran calado político que incide y fortalece los principios rectores del SNS. Significa un gran paso para seguir mejorando la vida de la gente, que es la razón de ser de este Gobierno”, ha remachado la ministra.
220 MILLONES DE EUROS PARA DIGITALIZACIÓN
Asimismo, en otro orden de asuntos, el Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 220 millones de euros a las comunidades autónomas para digitalización. Las comunidades y ciudades autónomas deberán destinar, al menos, un 25 por ciento de los fondos asignados a proyectos relacionados con la gestión económico-financiera de los productos farmacéuticos y otro 25 por ciento a la integración de los sistemas de las comunidades y ciudades autónomas con los servicios digitales del SNS.
Entre estos, la Historia Clínica Digital Interoperable, la Tarjeta Sanitaria Individual, la Receta Electrónica Interoperable, el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, el Nodo de Verificación de Medicamentos (SNSFARMA), el Registro Central de Vacunación (REGVACU) y la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP).
El 50 por ciento restante irá destinado a la puesta en marcha de proyectos vinculados con la Estrategia Nacional de Salud Digital, en tres áreas principales: la analítica de datos, en conexión con el Espacio Nacional de Datos de Salud; la ampliación y renovación de las infraestructuras TIC de los centros sanitarios y sociosanitarios, por ejemplo, en ciberseguridad; y los sistemas integrados de gestión y análisis de imágenes médicas, asegurando la disponibilidad y acceso a este tipo de servicios con independencia del nivel asistencial.
