J. Y.
Ciudad Real
El delegado de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Antonio Lucas-Torres, mostró su satisfacción por la garantía de cobertura que la Junta de Comunidades dará a todos los servicios sociales básicos en la provincia y en la región.
“Si hace un año me dicen que iba a comunicar este dato, no me lo hubiera creído”, dijo en su comparecencia para anunciar los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno el pasado jueves.
El Ejecutivo regional “tiene asegurados todos los servicios en general y de manera especial los de discapacitados y para mayores”.
Recordó que “a pesar de la gravísima situación de la deuda, ha ido solventándose y asegurando pagos”, lo que ha permitido convocar las subvenciones para los centros de atención de personas mayores por más de 16 millones de euros.
“Aseguramos que todos los mayores de la provincia tienen garantizada su plaza”, dijo, bien en residencias, en estancias diurnas y nocturnas, o en viviendas para mayores. “Son ayudas que favorecen la calidad de vida y la atención” al colectivo, apostilló.
También dijo que esta cuantía se concederá para para programas de atención residencial, para apoyo a la dependencia o para gastos de personal y mantenimiento.
En otro momento señaló, en el ámbito de los servicios sociales, que “cada semana sacamos nuevas tandas de ayudas”, como las que se conceden a Cáritas, lo que asegura que “no se va a quitar ninguna ayuda”.
Respecto a esta organización, recordó las palabras del Arzobispo de Toledo, Braulio Domínguez, quien dijo que “la deuda de la Junta con Cáritas se ha adelgazado mucho en los últimos meses”, dado que la cantidad “era muy seria y la estamos intentando pagar en tiempo y forma”.
Asimismo, también garantizó la continuidad del centro Fuente Agria de Puertollano y de los centros personas para discapacitados de La Solana a través de sendos convenios.
Registro
El delegado indicó, de otro lado, que el Consejo de Gobierno tomó en conocimiento del decreto del registro de organizaciones de consumidores y usuarios de Castilla-La Mancha, una “norma garantista que agiliza el acceso y contacto con los sistemas de derechos e intereses de las organizaciones de consumidores y usuarios de la provincia”, además de la aprobación de la Ley de Ordenación de los Servicios Jurídicos y Administración. “Es un ley técnica que avanza el trabajo en la organización que conduce a la seguridad jurídica y el mejor funcionamiento de la administración a los ciudadanos”.
