El Gobierno de Castilla-La Mancha trabajará activamente con el Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en dos retos que considera urgentes como son la regularización de los 1.700 expedientes de pozos de explotaciones prioritarias en el Alto Guadiana, pendientes de su legalización desde hace 12 años, y la consumación de un nuevo modelo de trasvases.
Son acciones que permitirán, según el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, optimizar los usos agrarios y utilizar de manera más eficiente el agua para el regadío.
En una entrevista a este digital, ha reconocido su “obsesión” porque la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) legalice de una vez dichos pozos de agricultores a título principal, y así puedan instalar caudalímetros y reportar con transparencia los volúmenes de recurso que utilizan.
Consciente de que dicha regularización es “un compromiso adquirido desde hace muchos años”, se ha mostrado convencido de que esta legislatura será la definitiva para el objetivo, como será el tiempo de poner en marcha la tubería manchega “que ha de servir para suministrar agua de mayor calidad a los ciudadanos de municipios de la Comunidad, particularmente a los de la provincia”.
El agua, que por primera vez da título al departamento que gestiona el área, tiene unos objetivos “apasionantes” para estos cuatros años porque “somos conscientes de que es necesaria para el futuro de Castilla-La Mancha”.
Por ello, trabajarán con el Ministerio para la Transición Ecológica, al parecer, con posturas coincidentes, en cambiar el actual modelo de trasvase Tajo-Segura hacia un sistema más solidario (para consumo humano).
Igualmente, supondría, según Arroyo, liquidar el memorándum auspiciado por Dolores de Cospedal (PP) y que se cumplieran los requisitos medioambientales en los ríos del territorio castellano-manchego, a través de la depuración y los caudales ecológicos.
“Sería un gran éxito político” y “una buena noticia para la región”, ha remachado.
Regular los pozos y nuevas condiciones de trasvases “son dos retos unidos” que Martínez Arroyo espera “vean la luz en esta legislatura”, unas cuestiones de corte político y de “impacto real en los ciudadanos”.
