Los examinadores de tráfico en huelga no tienen intención de deponer su actitud. “El Gobierno va buscando la privatización de los exámenes de conducir y no quiere resolver esto”, opina Andrés Sánchez, delegado en Ciudad Real de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra).
Este examinador de la plantilla provincial califica de “bodrio” las quinientas nuevas plazas anunciadas por el Gobierno, y explica que en realidad son 70 las nuevas “y que no cubren ni las jubilaciones de este año”. El resto, 435, “son para promocionar a examinadores que ya están en plantilla”, nada que ver con sus exigencias.
El colectivo, escaso en todas la jefaturas de Tráfico, pretende que el Gobierno cree una escala profesional de la que carecen y convoque oposiciones libres para que se cubran las vacantes (al puesto sólo pueden acceder empleados públicos de otros servicios).
Además reclaman que se les pague un plus mensual de 240 euros por la penosidad y peligrosidad de su trabajo.
No han creado la escala, como querían
Pero la DGT no está por la labor, y según denuncia Sánchez “no son una escala, sino unas plazas para trabajar en tráfico de examinador o de lo que les parezca bien”.
Para que ese personal esté listo para trabajar “tendrá que llegar el año 2019”, asegura. “Está claro que van buscando la privatización pero no hablan de ello abiertamente”.
A Asextra esta solución le parece “más cara y peor para el ciudadano, puesto que empeorará el servicio público que se da hasta ahora”.
En resumen, no hay solución a la vista al conflicto, que en España están siguiendo el 70% de los examinadores (el cien por cien en Ciudad Real), ni reuniones previstas con la DGT.
Huelga indefinida
“Lo que está pasando es muy lamentable, y si no se soluciona en septiembre [en agosto no hay exámenes] haremos huelga indefinida”.
Los próximos paso reivindicativos previstos serán la semana que viene, por un lado los empresarios de autoescuelas y profesores irán a Madrid el 24 a manifestarse y el día 25 lo harán de nuevo los examinadores.
Al inicio de la huelga desde esta asociación se hizo el siguiente cálculo: “En veinte días de exámenes la facturación de las empresas de todo el país es 25 millones de euros, de los que 5 recibe el Estado en concepto de IVA, lo que nosotros estamos pidiendo no supone más de 2,4 millones al año”.
