La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización criminal que, mediante un entramado de sociedades instrumentales ficticias, introducía vehículos en España procedentes de la Unión Europea que después vendía en España a través de sociedades distribuidoras sin el pago de los correspondientes impuestos. En la operación se ha detenido a cuatro personas, los responsables y organizadores de fraude, así como sus cómplices, poniéndose a disposición judicial a todas ellas.
La organización, que operaba en Castilla-La Mancha, habría introducido vehículos por valor de 18 millones de euros, defraudando 3,5 millones de euros de cuotas de IVA, entre 2021 y el primer trimestre de 2023 en el sector de la compraventa de vehículos usados, según ha informado el Ministerio de Hacienda y Función Pública en nota de prensa.
El inicio de la investigación judicial, desarrollada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Tomelloso, arranca con la denuncia presentada por la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha tras un previo procedimiento de investigación en relación con las sociedades implicadas.
En la fase de explotación de la operación se efectuaron cinco registros domiciliarios en las localidades de Tomelloso (Ciudad Real), Hellín (Albacete) y Albacete capital, que permitieron incautar abundante documentación sobre las operaciones fraudulentas detectadas y cuyo análisis permitirá añadir elementos de prueba a los ya obtenidos hasta el momento en la investigación judicial. Además, se incautaron 20.000 euros en efectivo.
Dentro del contexto de la operación se han adoptado medidas cautelares patrimoniales judiciales con embargos de bienes inmuebles a nombre de sociedades patrimoniales de los directores de la trama y con el bloqueo de cuentas bancarias y embargos de vehículos de las entidades y personas implicadas en el fraude.
El apoyo de la Fiscalía de Albacete y su desarrollo y ejecución por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en su función de policía judicial y en estrecha colaboración con el auxilio de la Inspección Tributaria, ha permitido culminar la operación, desarrollada el pasado día 16 de mayo y en la que han intervenido 28 funcionarios, de ellos 19 de Vigilancia Aduanera, cinco del Área de Inspección y cuatro de la Unidad de Auditoría Informática.
Además, el convenio de colaboración existente entre la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tráfico para la lucha contra el fraude fiscal en las transacciones de vehículos ayudó para localizar en los momentos iniciales matriculaciones de vehículos que resultaban sospechosas.
METODOLOGÍA DEL FRAUDE
El mecanismo de fraude utilizado por la trama es el habitual en el denominado ‘fraude carrusel’. Sociedades ficticias españolas, llamadas ‘truchas introductoras’, simulaban adquirir directamente de proveedores europeos vehículos usados, ya matriculados en el país de origen, mediante entregas intracomunitarias de bienes en régimen general de IVA, con lo que se adquieren exentos de IVA.
Posteriormente, estas ‘truchas introductoras’, venden los vehículos a otras entidades españolas, las entidades distribuidoras. Sin embargo, las ‘truchas ficticias introductoras’ españolas no ingresan en las arcas públicas el IVA devengado en sus ventas y repercutido expresamente en sus facturas a las distribuidoras, que sí se deducen un IVA repercutido no ingresado por las ‘truchas introductoras’. Además, para dificultar su detección, periódicamente las sociedades ‘truchas’ eran sustituidas por nuevas empresas.
Esta mecánica permitía a las entidades distribuidoras vender los vehículos a un precio muy inferior, gracias al margen que otorga el fraude previo del IVA.
Los directores de las entidades distribuidoras, a pesar de la apariencia creada de entidades independientes, realmente controlaban las ‘truchas introductoras’ y canalizaban formalmente las adquisiciones de vehículos usados a los proveedores de la Unión Europea a través de ellas, por lo que su interposición era una mera apariencia, ya que la realidad material es que todo el proceso de compra de los vehículos en origen se realizaba y controlaba por los mismos responsables.
Para dificultar la detección del fraude, también se ha constatado la interposición simulada en la cadena de transacciones para la adquisición de los vehículos de sociedades ficticias extranjeras, denominadas ‘truchas remotas’. Su función dentro del esquema fraudulento consiste en cambiar el régimen aplicable de IVA.
Estas entidades reciben facturas en régimen ordinario de IVA de entregas intracomunitarias de bienes exentas y cambian indebidamente el régimen de tributación. Así, emiten facturas a las entidades distribuidoras españolas en régimen especial de bienes usados (REBU), o régimen del margen en otros países, lo que legalmente es incompatible. Los directores de las entidades distribuidoras realmente también controlan estas sociedades ficticias, las ‘truchas remotas’.
Con este último método de fraude se habilita formalmente a las entidades distribuidoras españolas para emitir, a su vez, facturas a sus clientes en el régimen REBU, con lo que, esos clientes (en toda la cadena de distribución) emitirán también las facturas a sus clientes en REBU, logrando una reducción artificial de su tributación por el IVA. En el REBU los ingresos que se realizan por IVA son mínimos en comparación con el régimen general, en el que se debe repercutir expresamente el IVA a los clientes al 21% sobre el importe de venta e ingresar ese importe en el Tesoro Público.
Mientras, en las Jefaturas Provinciales de Tráfico la organización tramitaba la nueva matriculación de los vehículos usados en España, previo paso por la Inspección Técnica de Vehículos, aportando la documentación de las transacciones formal y simuladamente realizadas, como justificación de la titularidad de su matriculador. En ocasiones, la red alteraba esta documentación para intentar evitar los controles sobre su matriculación.
