Aníbal B.C. / Ciudad _Real
La infanta Cristina, su esposo Iñaki Urdangarín y sus hijos se encuentran pasando unos días de descanso en la finca 'La Toledana', propiedad que la familia Borbón-Dos Sicilias tiene en el término municipal de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real).
La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, junto con otros familiares, acudieron el jueves a la iglesia parroquial de San Sebastián de Porzuna, municipio situado a escasos kilómetros de 'La Toledana', para participar en la función religiosa de los Santos Oficios.
Allí fueron vistos por los vecinos que se encontraban en la iglesia para seguir la función religiosa y que se sorprendieron al verlos entrar en la iglesia, acompañados por miembros de la familia Borbón-Dos Sicilias.
Una vez concluidos los oficios, la noticia corrió de boca a boca por todo el municipio e, incluso, en las redes sociales se han publicado algunas imágenes de ambos.
Fuentes consultadas han asegurado que la hermana del rey Felipe y su marido han optado por pasar estos días en esta finca de unas 2.000 hectáreas de terreno, que era propiedad de Carlos de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, duque de Calabria e Infante de España por designación del Rey Juan Carlos I, que falleció en octubre de 2015 en esta finca.
La infanta ha acudido invitada por la prima del rey Juan Carlos Ana de Orleans y su primo Pedro de Borbón-Dos Sicilias, primogénito del infante Carlos, y, desde la muerte de su padre, nuevo duque de Calabria.
Según las mismas fuentes, la familia habría buscado la tranquilidad de esta finca ubicada en la provincia de Ciudad Real, para pasar unos días de descanso alejados de cualquier foco mediático, teniendo en cuenta la reciente sentencia del caso Nóos, que absolvió a la infanta Cristina, pero condenó a su marido a seis años y tres meses de prisión, que de momento ha eludido a raíz de las medidas provisionales dictadas por la Audiencia de Palma.
La Audiencia de Palma decidió no atender la petición de la Fiscalía y acordó dejar libre a Iñaki Urdangarín, sin necesidad de que abone una fianza de 200.000 euros.
El tribunal le obliga a comparecer el día uno de cada mes ante la autoridad judicial de su país de residencia, Suiza, y a comunicar sus posibles cambios de residencia.
Tras la sentencia del caso Nóos, la familia sigue con normalidad su vida en Ginebra (Suiza).