Caty Arévalo.
Madrid, 6 ene (EFE).- La fiebre por los minerales que se utilizan para la fabricación de móviles, ordenadores y armas ha llegado a España, con tres provincias (Ciudad Real, Ávila y Salamanca) en las que se proyectan explotaciones mineras a cielo abierto que se han topado de frente con una fortísima oposición social y a una legislación de 1973.
A pesar de que afecta a minerales diferentes (uranio en Salamanca, feldespato en Ávila, y tierras raras en Ciudad Real) en todos los casos se trata de minerías prácticamente inexistentes en la UE en estos momentos debido al fuerte rechazo ciudadano que provocan sus posibles impactos para la salud y el medio ambiente.
Una oposición a la que no ha sido ajena España, pese al “silencio” y al “oscurantismo” con el que se están tramitando los proyectos, denuncian los tres movimientos que se han organizado con sorprendente rapidez para preservar sus territorios frente a la amenaza de la contaminación minera: “Stop Uranio” (Salamanca), “No a la mina en la Sierra de Ávila” y “Sí a la Tierra Viva” (Ciudad Real).
El renacimiento de la fiebre minera ha pillado a España con una Ley de Minas del franquismo, que data de 1973, cuando algunos de los minerales que se intentan explorar hoy, como las llamadas tierras raras, apenas se conocían, y aún menos sus impactos.
Esa norma aún vigente considera la minería de “interés nacional” de manera que la extracción prevalece sobre la propiedad privada, y el dueño de derechos de explotación puede expropiar ofreciendo terrenos en otras zonas sin necesidad de indemnizar.
La práctica habitual es que la consecución del derecho minero sea tramitada por una empresa modesta, tras la que hay algún gigante del sector que se lo compra posteriormente, explica Federico Aguilera, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna (Tenerife).
El propio portavoz de la empresa Antonio y Javi S.L. que promueve la mina de feldespatos en la Sierra de Ávila y Valle Amblés, Adolfo Sanmartín, reconoce que tras esta compañía, con un capital social de apenas 3.000 euros, hay un “grupo inversor importante” con interés de explotar este mineral usado en la industria del vidrio y la cerámica, cuya extracción en Europa se limita a Turquía.
Los vecinos de los 20 pueblos del entorno del proyecto Leito lo conocieron a finales de septiembre pasado cuando vieron publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León la apertura del periodo de alegaciones a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Diez días después registraron la plataforma “No a la Mina” que ha planteado 4.000 alegaciones al proyecto y recogido cerca de 120.000 firmas en su contra, al considerar que contaminaría manantiales y acuíferos y provocaría movimientos de tierras y tráfico de camiones pesados que alterarían la colindante Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de los encinares de la Sierra de Ávila por los que campea la frágil águila imperial.
“Los habitantes de esta zona, incluidos los ganaderos, hemos decidido gestionar nuestro territorio elaborando nuestro propio plan de desarrollo rural y turismo sostenible para fijar población, 2016-2020”, asegura Juan Carlos Soto, portavoz de la plataforma contra la mina.
Sanmartín confirma que el pico de actividad de la cantera abulense, que solicita operar durante 25 años prorrogables, generaría 150.000 toneladas de feldespato lo que requeriría diez grandes detonaciones anuales y los movimientos de 5.545 camiones pesados al año; y defiende que la empresa iría restaurando a medida que se fuera extrayendo.
Asegura que Leito no abarcaría 35 hectáreas, como sostiene la plataforma, sino a un espacio de 200 metros de largo por hasta 70 de ancho y 45 metros de profundidad en el Cerro Gorría, para la que confía que la Junta de Castilla y León apruebe la DIA no más allá de marzo.
Pendiente de la autorización del departamento de Industria del Gobierno está la mina a cielo abierto de uranio que la empresa australiana Berkeley Energía quiere explotar en la comarca salmantina del Campo Charro, lindando con Cáceres.
José Ramón Barrueco, secretario de “Stop Uranio”, denuncia una cadena de irregularidades y tratos de favor en los trámites, que están siendo revisados por la Audiencia Nacional, y subraya los perjuicios del proyecto para el empleo de la zona, basado en la agricultura, la ganadería y en el turismo de balneario.
En pie de guerra están también los habitantes de cuatro de las cinco comarcas en las que se divide Ciudad Real, donde Quantum Minería plantea diez minas de tierras raras englobadas bajo el proyecto Matamulas, de los que ya hay pedido permiso para explotar dos situadas en los municipios de Torrenueva y Torre de Juan Abad.
La UE pretende potenciar la búsqueda de estos minerales estratégicos, muy usados para fabricar ordenadores o móviles, pero sobre todo en la fabricación de armas sofisticadas como misiles o elementos de los cazas y hasta ahora controlados por China, mediante la iniciativa EUrare, cofinanciada por empresas mineras.
Hasta el momento no hay ninguna experiencia dentro de la UE en la extracción del rutilo, circón y monacitas que plantea el proyecto del Campo de Montiel, una zona por donde también sobrevuela el águila imperial.
Matamulas contempla el uso de 500.000 litros de agua anuales que ha denegado la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y que suponen un preciado recurso para los agricultores de una zona con cinco denominaciones de origen vinícolas, señala Luis Ginés portavoz de la Plataforma Sí a la Tierra Viva.
Raquel Vergara, ingeniera de Quantum, sostiene que hay alternativas para obtener el agua como su transporte en camiones cisterna o la compra de derechos a los agricultores, pese a la oposición de las organizaciones agrarias de la zona.
A pesar de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha alertado del impacto radiactivo de este proyecto y de que el Defensor del Pueblo ha pedido la paralización de los trámites administrativos hasta que no se resuelva el problema del agua, la Junta de Castilla-La Mancha ha dado de plazo a la empresa hasta febrero para presentar la DIA.
La fiebre minera reabre también un debate ético, mientras sus defensores, como Sanmartín, alegan que toda la tecnología en la que se basa el progreso de la sociedad sale de materiales de las minas; científicos como Aguilera apuntan a que estas empresas manipulan al consumidor para que demande este tipo de productos que ignoran los costes reales del daño ambiental que implica su producción.
