UPyD exige la retirada del semáforo foto-rojo en Manzanares

Noemí Velasco Manzanares
Semáforo foto-rojo instalado en el Vial Principal del Polígono, a la altura de la piscina climatizada en Manzanares / Lanza

Semáforo foto-rojo instalado en el Vial Principal del Polígono, a la altura de la piscina climatizada en Manzanares / Lanza

Jerónimo Romero-Nieva acusa al Equipo de Gobierno de Manzanares de privatizar la gestión de la seguridad y de los controles de velocidad, a través de medidas como el semáforo foto-rojo

El Grupo Municipal de UPyD en el Ayuntamiento de Manzanares exige la retirada del semáforo foto-rojo de la N-430 a la luz de las últimas sentencias judiciales sobre estos dispositivos de control de velocidad. Situado en el Vial Principal del Polígono, el semáforo ha suscitado el rechazo de algunos sectores de población desde su instalación en octubre de 2016.

El portavoz Jerónimo Romero-Nieva lamenta que el Equipo de Gobierno no haya tenido “reparo” en privatizar la gestión de la seguridad y los controles de velocidad, razón por la que pedirá en una interpelación en el pleno de enero la eliminación de este semáforo.

Aunque el concejal de Seguridad, Miguel Ramírez, ya anunció hace unos meses que probablemente el Ayuntamiento retirará el dispositivo a mediados de año, una vez remodelada la zona con una nueva mediana que permite ganar en seguridad vial, UPyD considera que lo oportuno es la “inmediata retirada”.

UPyD habla de “falta de garantías” para los conductores

Hace casi una década, la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) denunció la “inseguridad jurídica” y la “falta de garantías” de este sistema de captación de imágenes. Estiman que ya existen más de cien resoluciones judiciales que han anulado las sanciones impuestas por los ayuntamientos a través de este sistema que “ni garantiza la seguridad vial, ni la seguridad jurídica, ni la presunción de inocencia de los ciudadanos”.

Además, UPyD hace referencia a una sentencia de 2014 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Valencia, donde decreta la “nulidad” de sanciones puestas a un automovilista que supuestamente rebasó un semáforo en rojo, “cazadores electrónicos” normalmente gestionados por empresas privadas que se quedan con un porcentaje de la recaudación.

Según los datos ofrecidos por el Consistorio hace un mes, 2.257 vehículos se han saltado desde octubre de 2016 el semáforo en rojo a más de 50 kilómetros hora y han recibido una multa de 200 euros, además de sufrir la retirada de 4 puntos del carné. Sólo han sido sancionados el 0,4% de los 550.000 vehículos que transitaron por el tramo de la N-430a, aunque en los últimos meses ha bajado hasta el 0,1%, motivo por el que el Equipo de Gobierno valoró su efectividad.