Así se ha pronunciado Garamendi este miércoles, en el marco del encuentro ‘Cifras, retos y oportunidades del sector sanitario español tras el Covid’, impulsado por la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la CEOE. “El proyecto de ley no cuantifica las consecuencias económicas y presupuestarias. La sanidad privada ahorra muchos millones de euros al estado”, ha añadido.
Asimismo, ha reprochado al Gobierno su “centralización” en materia sanitaria con esta Ley. “La Constitución permite a las CCAA unas competencias, y el Estado está centralizando los temas de tal manera que pudiera tener planteamientos de competencias desleales o incluso anticonstitucionales”, ha denunciado.
En este sentido, ha recordado que hay 700.000 ciudadanos españoles en lista de espera y 2,8 millones de ciudadanos esperando ser atendidos por un médico especialista. “Ahí se ve esa suma donde las anida privada, que puede disminuir las listas de espera”, ha esgrimido. “No es uno u otro, sino que la suma de los dos hace que nuestro país funcione bien, no es un planteamiento ideológico, sino un planteamiento realista y racional”, reitera.
En este mismo sentido se ha pronunciado el presidente de la Comisión y presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus, que ha criticado que la Ley “ni es equitativa, ni favorece la cohesión del SNS ni su universalidad, sino todo lo contrario”.
A su juicio, “si realmente se buscara una ley equitativa, se establecería una misma cartera para todo el territorio nacional, la capacidad de acceder a una misma capacidad tecnológica, la asistencia en unos plazos determinados y una retribución de salarios que fuera igualitaria en todo el territorio español”.
“Este proyecto de ley no es que no tenga un análisis realista, es que no contiene una memoria económica”, asegura Rus. Al igual que Garamendi, ha lamentado que “el peor efecto será sobre el paciente”. “No contar con la colaboración público-privada produce que se atienda más tarde a los ciudadanos, empeorando su salud. La ideología sin matemáticas produce muertos, y aquí prima la ideología”, sentencia.
PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL SNS
Además, ha puesto de relieve los problemas estructurales del SNS que, en su opinión, no resuelve la Ley: escasez de personal, interoperabilidad, acceso a las tecnologías, saturación del sistema, diferencias territoriales y colapso de la Atención Primaria.
“Nuestro papel como empresariado del sector sanitario y sociosanitario pasa por el compromiso en avanzar hacia un SNS más competente y eficaz para el conjunto de sus usuarios, que haga un uso responsable de los recursos existentes y camine hacia una calidad asistencial de excelencia y accesible para toda la población, sin distinción entre territorios”, ha destacado Rus.
El trabajo de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales ha abordado, a su vez, aspectos como el impulso al desarrollo de programas I+D+I que contribuyan a consolidar la implantación de nuevas tecnologías en el sector de la Salud o la elaboración de códigos de buenas prácticas que sirvan de referencia en la relación de pacientes, profesionales, proveedores de salud y aseguradoras. “El modelo de futuro debe centrarse en la persona, en sus necesidades y en la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas e innovación sanitaria”, ha matizado Carlos Rus.
Por su parte, el coordinador de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de CEOE y secretario general de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Luis Mendicuti, ha resaltado que la sanidad privada (sumando el conjunto de servicios médicos privados, la farmacia y la dependencia) representa el 9,5 por ciento del PIB, emplea a más de 1,2 millones de personas y su facturación conjunta supera los 109.000 millones de euros. Así, ha desglosado las cifras correspondientes a los tres subsectores que conforman esta Comisión: provisión sanitaria, farmacia y dependencia.
En cuanto al PIB, la provisión sanitaria representa el 6,95 por ciento; la farmacia, el 2 por ciento; y la dependencia, el 0,58 por ciento. En lo que respecta a la facturación, los centros sanitarios privados facturan un total de 78.277 millones de euros; la farmacia, 26.589 y la dependencia, 7.000. En cuanto al empleo, los centros sanitarios privados emplean a 770.561 personas; la farmacia a 187.867, y la dependencia a 314.500, lo que suma los 1,2 millones de empleados mencionados por Mendicuti.
REIVINDICACIÓN DE UNA MEJOR POLÍTICA DE CARTERA DE FARMACIA
Para Luis de Palacio, vicepresidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de CEOE y presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), “hace falta una política de cartera de farmacia y productos sanitarios mejor, donde el acceso a los medicamentos no se limite solo al precio financiado”.
En este sentido, el portavoz del grupo de trabajo de farmacia ha añadido que “hay que contemplar el valor estratégico; la sostenibilidad de la propia cadena de suministro; y criterios de proximidad y facilidad para el acceso”. A su juicio, “esta política depende del dialogo de los distintos agentes con la Administración, y las perspectivas actuales son buenas para lograr el necesario entendimiento”.
