El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y personal del Servicio de Vigilancia del Dominio Público Hidráulico de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), además de otras entidades y particulares, han denunciado desde el año 2016 la existencia de un total de 112 pozos ilegales en la provincia de Ciudad Real.
Las más de cien denuncias presentadas en los últimos tres años, según datos ofrecidos por la CHG, dieron lugar a expedientes sancionadores y fueron abiertas en base a las inspecciones realizadas por el personal técnico de ambas instituciones, o a raíz de las quejas formuladas por otros organismos o particulares, que alertaron sobre las irregularidades cometidas en la apertura de pozos para buscar o sondear el origen de agua, algunos de ellos sin ningún tipo de señalización y protección.
En concreto, el Seprona gestionó el 25% de las denuncias administrativas totales, 28 (7 en 2016, 10 en 2017 y 11 en 2018), mientras que el resto de organismos formuló el otro 75%, 84 (15 en 2016, 14 en 2017, 53 en 2018 y 2 en enero de 2019)
Según los datos a los que ha tenido este diario, 2018 fue el año con más procedimientos tramitados, 64, el 57,1% del total consultado y un 265% más sobre las 24 denuncias registradas en 2017, mientras que en el año precedente (2016) se presentaron 22. Igualmente, la CHG ha impulsado en el primer mes de este 2019 dos denuncias.
Las fuentes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana consultadas destacan la colaboración con el Seprona, que “emite los informes que les solicitan” en los expedientes, a la vez que dan asistencia y prestan colaboración “tanto en la tramitación de los procedimientos sancionadores como en la ejecución de las resoluciones”.
Detecciones de pozos y prospecciones
Precisamente, uno de los objetivos de las patrullas del Seprona es detectar pozos, prospecciones y aprovechamientos de agua, para, posteriormente, verificar con las diferentes administraciones si están autorizados. En caso de ilegalidad, al haber incumplido el protocolo previsto para la autorización de licencias a estas infraestructuras, formulan la correspondiente denuncia por infringir la normativa sobre aguas.
En concreto, la CHG otorga el uso privativo de las aguas del dominio público hidráulico, que se obtiene por disposición legal o por concesión administrativa, así como también es preceptivo el permiso de la Dirección Provincial de Minas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Pero, según fuentes de la Guardia Civil, el número de solicitudes de aprovechamientos “es muy superior” al de las peticiones presentadas al órgano autonómico.
¿Por qué este desfase?
“La respuesta es muy sencilla”, aseguran, y se debe a “la falsa creencia” de que únicamente es necesaria la autorización de la Confederación, obviando “en numerosas ocasiones” la solicitud ante Minas.
El Seprona también recuerda que esta solicitud debe ir acompañada de varios requisitos técnicos, entre otros, un proyecto técnico, con su correspondiente director facultativo, o un informe sobre seguridad y salud.
