Con una asamblea celebrada en el Aula Magna del Centro Cultural de Puertollano se ha dado el primer paso para la constitución legal de AJUPRENCASUR (Asociación de jubilados, prejubilados, viudos y viudas, huérfanos y huérfanas de Encasur Endesa en Puertollano) que nace con una estructura transversal, “sin afiliaciones sindicales ni ideologías políticas definidas, para defender a sus asociados”.
Durante el acto celebrado en la mañana de este viernes, el centenar de asistentes ha aprobado por unanimidad la Junta Directiva fundacional de esta nueva asociación compuesta por Francisco Montoya Pérez (Presidente); Ángel Rabanal Ángel (Vicepresidente) y José Javier García Rodríguez (Secretario). Además de los vocales: Javier García Fernández y Ángel Rodríguez Díaz (CCOO).
Por otra parte, y según los estatutos que han sido aprobados en esta misma asamblea, este colectivo acoge “a los afectados por un contrato de Acuerdo Voluntario de Salidas (AVS), Viudas o Viudos de ex empleados, así como ex empleados en otras condiciones y también a aquellos empleados de cualquiera de las empresas del Grupo Endesa que, sin haber sido incluidos en ningún ERE, se encuentren en situación de jubilación, liquidación o extinción laboral, sin que sea por proceso disciplinario”.
AJUPRENCASUR lucha en estos momentos contra los “recortes” de beneficios sociales que la empresa Endesa, a la que pertenece la mina de Encasur en Puertollano, quiere llevar a cabo, dejando de aplicar el pago de la tarifa eléctrica de empleados a los trabajadores prejubilados, a los jubilados y a las viudas, aprovechando el fin de la ultractividad del convenio colectivo, “a pesar de que se trata de un derecho histórico para los trabajadores que en su día aceptaron ceder una parte de su salario por percibir a cambio este pago en especie”, aseguran a través de una nota de prensa.
Así, como medidas de presión contra esta pretensión de la dirección de Endesa, AJUPRENCASUR ha anunciado una concentración el próximo 4 de marzo en el antiguo lavadero de Encasur Puertollano, que está a la espera de autorización gubernativa, y la participación en una movilización el próximo 13 de marzo en Sevilla, el mismo día en el que el conflicto colectivo comienza a ser visto en la Audiencia Nacional.
