La Empresa de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) ha constituido el Consejo de Administración que gestionará la actividad de este organismo público, dependiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible, durante los próximos cinco años.
En un acto celebrado en la sede de la Consejería de Desarrollo Sostenible y que ha estado presidido por el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, se ha nombrado al nuevo equipo, formado por el presidente y nueve vocales.
De este modo, la empresa, que alberga entre sus competencias la prevención y extinción de incendios de la región castellano-manchega está presidida por el guadalajareño Mariano Teruel. Le acompañan en la administración los vocales Fernando Marchán Morales, viceconsejero de Medioambiente; Maria Mercedes Gómez Rodríguez, secretaria General de la Consejería de Desarrollo Sostenible; Manuel Guirao Ibáñez, director general de Transición Energética; Rafael Cubero Rivera, director general de Medio Natural y Biodiversidad; Alipio García Rodríguez, director general de Cohesión Territorial; Isidro Hernández Perlines, director general de Presupuestos; Emilio Puig Cabello, director General de Protección Ciudadana; Eduardo del Valle Calzado, director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social y Andrés Gómez Beteta.
Ingeniero agrónomo con una amplia carrera política
El presidente, Mariano Teruel, natural de la localidad de Checa, es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid e ingeniero técnico Agrícola por la Universidad de Sevilla, destaca por su amplia carrera política. Le avala su trayectoria política como delegado provincial de Agricultura y Medio Ambiente en Guadalajara y haber dirigido la Delegación de Obras Públicas, en los años 90. También desempeñó varios cargos en Tragsa en esa misma época.
La Empresa de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha cuenta entre sus competencias con las materias de prevención y extinción de incendios, la gestión integral de los residuos, el desarrollo territorial, la gestión y explotación de actividades económicas vinculadas con los recursos o valores medioambientales, así como la prestación de servicios públicos en la región relativos a la conservación y mejora de la calidad del medio ambiente y del desarrollo rural.
