El Tribunal Supremo de Reino Unido ha sentenciado que el cierre parlamentario solicitado por el Gobierno de Boris Johnson es “ilegal”, por considerar que perjudica la actividad legislativa y “no hay justificación” para una medida que podría acarrear consecuencias “extremas” para la democracia.
El Supremo ha determinado en primer lugar que tiene competencias para pronunciarse sobre el tema, por entender que analizar los límites de este tipo de suspensiones son también una “cuestión de los jueces” y no forman parte únicamente del debate político.
La corte, que ha reunido a once magistrados para analizar este caso –el mayor número posible–, ha asumido que “no es una suspensión normal” por el tiempo elegido por el Gobierno, en la medida en que la actividad no se retomaría hasta el 14 de octubre, a 15 días de la fecha del Brexit.
Los magistrados han determinado que la medida de Johnson, a quien corresponde elegir el momento y la duración del cese de las actividades, “ha tenido el efecto de frustrar o impedir que el Parlamento desarrolle sus funciones constitucionales”.
“La suspensión es nula y sin efecto”, ha explicado la ponente, Lady Hale, que de esta forma ha confirmado que el Parlamento, en términos legales, está activo y puede reunir a sus dos cámaras “cuanto antes”. Ahora, corresponde a los órganos legislativos decidir cuándo y cómo retoman la actividad.
La Cámara de los Comunes está ya “considerando las implicaciones de la sentencia del Tribunal Supremo”, según su oficina de prensa, aunque el presidente dicho órgano, John Bercow, ha sido de los primeros en celebrar públicamente un fallo que, para el Gobierno, supone el peor resultado posible de todos los que se venían barajando en estos últimos días.
Bercow ha destacado que la corte, al rechazar que se pudiese considerar una suspensión de cinco semanas como una “práctica normal” dentro de la actividad política, “ha defendido el derecho y el deber del Parlamento a reunirse en este momento crucial para controlar al Ejecutivo y hacer que los ministros rindan cuentas”.
El presidente de la Cámara de los Comunes, que dimitirá del cargo el 31 de octubre, ha abogado por reunir de nuevo a los diputados “sin demora”, para lo cual se ha propuesto consultar “de forma urgente” a los líderes de los distintos partidos con representación.
