Sindicalistas de CCOO, UGT y USO se han concentrado este martes ante la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real para exigir al ministerio de Interior una solución a la situación de los 50 vigilantes de seguridad exterior de las prisiones de Herrera y Alcázar de San Juan (250 en la zona centro) a los que deja sin empleo la empresa Ombuds.
Adjudicataria del servicio desde hace cuatro años y medio, cuando el Gobierno del PP permitió que empresas privadas accediesen a la vigilancia exterior de las cárceles, la empresa entró en concurso de acreedores el año pasado.
“La deuda que tiene es millonaria, al final del año no se llegó a ningún acuerdo para prorrogar el contrato, y ninguna empresa quiere concursar al servicio para no asumir la deuda de la saliente, lo que deja en una situación desamparo a los trabajadores”, explica Antonio Sánchez, de acción sindical de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO Ciudad Real.
Que se mantengan los puestos de trabajo
“Pedimos que se mantengan los puestos de trabajo, que se aclare la situación, que Interior convoque una licitación del procedimiento urgente y que se contrate a otra empresa”, señala el sindicalista.
Hasta el 1 de enero los trabajadores no se enteraron de lo que iba a pasar con ellos. De momento los fijos están dados de alta en el régimen de la Seguridad Social de permiso retribuido, y los que llevan menos de cuatros años se da por finalizado el contrato por terminación de obra.
Les faltan dos nóminas por cobrar pero lo peor es la incertidumbre, por eso han salido hoy a la calle a protestar.
La concentración de este martes en Ciudad Real se sumado a las celebradas en Madrid, Toledo y Badajoz. Este servicio se adjudica por lotes, los centros penitenciarios de la provincia están incluidos en la zona centro.
Apoyo del PP
La protesta de vigilantes de seguridad ha contado con el apoyo del diputado del PP por Ciudad Real Juan Antonio Callejas, informa el PP.
La polémica de la seguridad privada en prisiones
Diferentes sindicatos policiales y de prisiones llevan tiempo reclamando que la vigilancia exterior deje de prestarse por empresas privadas y vuelva en su totalidad a ser gestionado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El Gobierno del PP permitió que empresas privadas se hicieran cargo de este cometido en un plan que pretendía recolocar a los antiguos escoltas encargados de la seguridad de personalidades amenazadas por la banda terrorista ETA. En 2013, además, se privatizó parte de la seguridad exterior de las prisiones.
