Así lo ha destacado el titular de Fomento, Nacho Hernando, durante la rueda de prensa donde ha comentado los acuerdos del Consejo de Gobierno, que este mismo martes ha tomado en consideración el texto, que a su vez han registrado los socialistas en las Cortes, y que se pretende remitir al Ejecutivo central “para que lo adopte como suyo, lo tramite y se pueda aprobar”.
En cualquier caso, Hernando ha reconocido, a preguntas de los medios, que una vez que el Parlamento autonómico la envíe al Gobierno de España en formato de Proyecto de Ley, “si el Congreso no la saca adelante no se puede aplicar en Castilla-La Mancha”.
El Ejecutivo autonómico es consciente de que habrá que hablar de este texto tanto con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, como con “numerosas ramas del Ejecutivo”, aunque, según ha destacado Hernando, también existe una “excelente interlocución con la vicepresidenta primera, que es quien coordina todo el Gobierno, y nos puede dedicar un hueco, porque estamos convencidos de que este texto está muy desarrollado”.
Sin descartar que en el Ejecutivo central “puedan hacer alguna mejora” a la Proposición de Ley que se eleve desde Castilla-La Mancha, Hernando ha incidido en que la solución al problema de la ocupación tiene que venir “de la mano de leyes de ámbito estatal” y por eso se recurre a esta vía, habida cuenta de que las comunidades autónomas y los ayuntamientos no tienen las competencias para poder abordar este tema de manera regional o local.
Respecto al texto, estructurado en once artículos, cuatro títulos y cinco disposiciones –una derogatoria y cuatro finales–, Hernando ha comentado que su objetivo es “terminar de una vez por todas con una tremenda injusticia que se está produciendo en España”, cada vez más con un crecimiento exponencial, y donde los agresores tienen “mayor respaldo jurídico que las víctimas”, rechazando que se intente asemejar una ocupación ilegal con los desahucios a familias que habían perdido su hipoteca con motivo de la crisis.
Es una ley “ambiciosa, porque va a lo concreto, no se queda en el titular” y pretende un desarrollo “efectivo, planteando matices y distinciones”, además de “más penas, más agilidad, más eficacia y más margen de maniobra para las administraciones públicas y más justicia”.
De ahí que, además del diálogo “fructífero y fluido” que la región quiere entablar con el Gobierno de España –“les necesitamos, no somos capaces de hacer esto solos”, ha confirmado–, ha solicitado la ayuda de “todo el mundo”, tendiendo también la mano a PP y Cs.
TEXTO
La Proposición de Ley de Medidas Integrales para la Protección del Patrimonio Inmobiliario, la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Vecinal y Contra la Ocupación Ilegal de Viviendas buscar impulsar cambios legislativos que articulen mecanismos legales ágiles que permitan la defensa de los derechos de titulares legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, así como la protección de la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal.
Según el texto de la proposición, al que ha tenido acceso Europa Press, habrá un endurecimiento de las penas. De este modo, se aumentan las penas privativas de libertad hasta tres años en caso de uso de la violencia o intimidación y multa de hasta doce meses en caso de ocupación pacífica inconsentida.
Se eleva el plazo de prescripción del delito de uno a cinco años para evitar así que el delito se quede sin castigo.
Además, se podrán tramitar causas por juicio rápido, ya que la policía va a poder hacer denuncia al Juzgado con el atestado de la ocupación. En 48 horas los juzgados deberán acordar el desalojo del ocupa.
De esta forma con este proyecto legislativo se fortalecen el catálogo de diligencias y medidas cautelares que permita a los tribunales disponer el desalojo inmediato en tanto en cuanto se continua la investigación judicial para calificar jurídicamente los hechos.
PERSEGUIRÁ EL CRIMEN ORGANIZADO Y PROTEGERÁ A PROPIETARIOS
Otro de los objetivos de este texto legislativo es perseguir el crimen organizado generado en este entorno. La receta será implementar agravantes por este tipo de delitos y sancionar la utilización de las viviendas ocupadas para la comisión de otro tipos de delitos.
En virtud de esta ley, las comunidades de propietarios y los ayuntamientos quedan legitimados para poder denunciar las ocupaciones.
Considera la proposición de ley que las comunidades de propietarios y los vecinos de inmuebles cercanos son, en múltiples ocasiones, los verdaderos sufridores y sujetos pasivos de las actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas que llevan a cabo los ilegítimos ocupantes del inmueble, o bien, terceros relacionados con aquéllos incluso para la concertación delictiva.
Procede, por tanto, ampliar la legitimación para actuar, sobre todo en aquellos casos en los que, requiriéndose una respuesta rápida ante la ocupación reciente o en ciernes de un inmueble, el propietario se desentienda o ni tan siquiera tenga conocimiento de la ocupación.
Otro mimbre importante es la modificación de las reglas del padrón municipal para impedir la inscripción de los ocupas, garantizando en todo momento la protección del menor en prestaciones tan esenciales como la atención sanitaria y educativa.
