Anpe recuerda ante las elecciones sindicales su defensa de un Pacto Educativo que dé estabilidad al sistema y una ley de la profesión docente

Lanza Ciudad Real
Pide una normativa nacional con rango de Ley que desarrolle el reconocimiento de autoridad pública del profesorado

Pide una normativa nacional con rango de Ley que desarrolle el reconocimiento de autoridad pública del profesorado

También apuesta por un estatuto de la función pública de estos profesionales

Todos los docentes de la enseñanza pública están llamados a las elecciones sindicales que se celebrarán el próximo martes 4 de diciembre y con las que elegirán a sus representantes sindicales que defenderán los intereses del profesorado ante las diferentes administraciones públicas en todos los foros derivados de esta representación.

Anpe se presenta a estas elecciones con un total de 7.087 candidatos para representantes del profesorado en todos los niveles de la enseñanza pública. Para Anpe, es fundamental que el Ministerio de Educación, con la colaboración e implicación de las Administraciones Educativas y los grupos parlamentarios, escuche al profesorado y desarrolle un Pacto Educativo que dé estabilidad al sistema y aleje a la educación de la confrontación política, apostando por la Enseñanza Pública como eje fundamental y por su profesorado.

También Anpe defiende una Ley de la Profesión Docente, en la que se regulen los derechos, deberes y código deontológico de los profesionales, la formación inicial y los requisitos mínimos para impartir docencia.

Además, reclama un estatuto de la función pública docente que regule desde el acceso a la condición de funcionario hasta un modelo de jubilación anticipada, estableciendo una carrera profesional y la equiparación de las condiciones laborales del profesorado en todas las Comunidades Autónomas.

Claves

Según indicó en un comunicado Anpe, se reclaman diez claves fundamentales para el profesorado de la Enseñanza Pública como son la equiparación salarial acabando con las grandes diferencias salariales existentes entre el profesorado de las distintas Comunidades Autónomas; el establecimiento del horario lectivo del profesorado, de manera que no se puedan superar las 23 horas lectivas para las enseñanzas de Infantil y Primaria y las 18 horas para el resto de las enseñanzas; y ratios de alumnos por aula con un número máximo, así como mínimo para que se puedan crear grupos, impartir materias y establecer enseñanzas, algo fundamental en la zona rural.

Otros relevantes aspectos son favorecer la conciliación familiar y laboral del profesorado y su formación, desarrollar un sistema de concurso-oposición “más objetivo, con temarios oficiales con contenido, no meros títulos, y pruebas más objetivas” y, respecto a la movilidad, además de continuar con las convocatorias de Concurso General de Traslados de carácter estatal, se deben regular procedimientos de movilidad provisional en todo el Estado a través de convocatorias de comisiones de servicio, válidas para todo el territorio nacional, y “regular un ‘concursillo’ que permita la movilidad por todas las Comunidades Autónomas”.

Así mismo, Anpe considera “imprescindible regular una carrera profesional de los docentes, con reconocimiento económico y administrativo”, destaca que se debe establecer una normativa nacional con rango de Ley que desarrolle el reconocimiento de autoridad pública del profesorado en el ejercicio de su función en todo el Estado; y estima necesario “reducir drásticamente la burocracia que sufrimos los docentes que no ha parado de aumentar en los últimos años”.