El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado este martes un Real Decreto que regula el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE), que destinará 300 millones de euros para ayudas directas a actuaciones de mejora de la eficiencia energética en edificios construidos antes de 2007. De ellos, más de 13 millones serán para Castilla-La Mancha.
Entre las actuaciones a las que se dirige la ayuda figuran el cambio de la envolvente térmica, la sustitución de antiguas calderas por opciones renovables, como la termosolar o la geotérmica, o mejoras en la eficiencia de iluminación.
Este plan, que contempla un mayor porcentaje de ayuda para los consumidores vulnerables, se alinea con las políticas de reactivación económica frente el Covid-19 de la Unión Europea, centradas en la transición energética y la digitalización, “generando un efecto incentivador sobre la generación de empleo y actividad económica en el sector de la construcción, así como los vinculados a la puesta enmarcha de instalaciones eléctricas y térmicas”, informó el gabinete dirigido por Teresa Ribera.
Así, se subvencionará entre el 15% y el 35% del coste de la rehabilitación. En el caso de los consumidores vulnerables, se establece una mejora de un 15% adicional. Si se combinan distintas actuaciones o logra una mejora sustancial de la eficiencia, la mejora adicional será del 20%.
De igual modo, el Ministerio indicó que este programa de ayudas contribuye a la consecución del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que planifica una senda de descarbonización para que, a final de esta década, el 74% del sistema eléctrico sea de origen renovable; y con la Estrategia a Largo Plazo (ELP), actualmente en trámite de consulta pública, que marca la senda para que España alcance la neutralidad climática en 2050.
Estos documentos señalan la necesidad de actuar en el parque de edificios, que en la actualidad supone un 30% de la energía final consumida en el país, para lograr que sea plenamente sostenible a mediados de siglo.
Según estimaciones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), este impulso a la rehabilitación energética de edificio generará unos 48.000 empleos anuales netos entre 2021 y 2030.
Gestión autonómica
El plan de rehabilitación será coordinado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
A partir de las bases reguladoras aprobadas por el Consejo de Ministros, las comunidades y ciudades autónomas deberán realizar y publicar su respectiva convocatoria de ayudas.
En concreto, a estas convocatorias que publique cada región se podrán presentar comunidades de propietarios, comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía, propietarios individuales de edificios, sean personas físicas o jurídicas, agrupaciones de propietarios de edificios, empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, empresas o proveedores de servicios energéticos, y entidades locales.
La fecha límite de presentación de solicitudes vendrá marcada por cada región en su respectiva convocatoria. En todo caso, nunca podrá ser posterior al 31 de julio de 2021.
Procedentes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética
Los 300 millones de euros con los que cuenta PREE, provenientes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, se distribuirán entre las regiones según el criterio objetivo de número de primeras viviendas recogidas en el censo de población del Instituto Nacional de Estadística.
Así, Andalucía será la comunidad con el mayor presupuesto, con más de 51,2 millones de euros; seguida de Cataluña (48,85 millones de euros); Madrid, 40,96 millones de euros; Comunidad Valenciana (32,96 millones de euros) y Galicia (17,57 millones de euros).
El presupuesto podrá ser ampliado
Este presupuesto podrá ser ampliado tanto con nuevas asignaciones del Fondo de Eficiencia Energética como de otros instrumentos de financiación que adjudiquen partidas al IDAE.
Además, el plan podrá ser cofinanciado con aportaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y, en su caso, con las que pudieran establecerse en otros instrumentos y programas de la Unión Europea destinados a la recuperación económica frente a la crisis sanitaria del Covid-19.
Asimismo las comunidades y ciudades autónomas podrán, en sus respectivas convocatorias, realizar adaptaciones para adecuarlas a la realidad de cada región.
