Los órganos gestores de la Junta de Comunidades publicarán en el Portal de Transparencia de la Administración autonómica un informe anual sobre las actividades llevadas a cabo en el ámbito de la colaboración con el Tercer Sector Social, según se contempla en el anteproyecto de Ley del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha.
El texto, recogido por Europa Press, consta de trece artículos, se estructura en cuatro capítulos, y contiene además cinco disposiciones adicionales y tres disposiciones finales. Este documento se encuentra en período de información pública con el fin de mejorar su contenido con las alegaciones u observaciones que los ciudadanos consideren oportunas.
Tiene por objeto definir el Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, identificando el conjunto de entidades que lo integran, con respeto pleno a las disposiciones normativas específicas aplicables a cada una de ellas, y determinar las medidas que fomenten y fortalezcan dichas entidades en consideración a los fines que les son propios.
Asimismo, pretende impulsar la cooperación y colaboración de las entidades entre sí y con el sector público, promoviendo su participación y aportación cualificada en el ámbito de la intervención social en general y, en particular, en las políticas y sistemas de responsabilidad pública relacionadas con dicho ámbito.
Diálogo civil
Con la finalidad de garantizar la cohesión social por medio de la participación ciudadana, las administraciones públicas de la región garantizarán a las entidades del Tercer Sector Social el derecho a expresar e intercambiar públicamente sus opiniones, manteniendo un diálogo abierto, transparente y permanente con las entidades sobre las políticas que les afecten.
La futura ley contempla crear la Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha -formada por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza Eapn Castilla-La Mancha, el Cermi, la Coordinadora ONGD de la región, Cruz Roja, Once y Cáritas- como órgano colegiado con la finalidad de dotar de un marco institucional a la colaboración y el diálogo entre la Administración autonómica y la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha.
Esta Comisión tendrá una representación paritaria entre la Administración autonómica y la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha y una participación equilibrada de hombres y mujeres.
La Comisión se adscribe a la Consejería competente en materia de servicios sociales y atención a la dependencia. La composición y funciones de la Comisión, así como su organización y funcionamiento, se determinarán reglamentariamente.
El objetivo principal de la Comisión es impulsar un foro de diálogo, colaboración y cooperación permanente para coordinar acciones a favor de los derechos sociales, la inclusión social y la lucha contra las situaciones de exclusión y pobreza.
El diálogo civil tendrá también por objeto avanzar en el reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos de las personas, infancia, familias y colectivos, con mayores dificultades para su pleno desarrollo social.
Participación y estrategia de promoción
Según este documento, las organizaciones del Tercer Sector Social se incorporarán a los órganos de participación de la Administración autonómica, cuya actuación esté relacionada con los ámbitos de intervención social definidos en esta ley.
La representación del Tercer Sector Social en los órganos institucionales de participación podrá ser desempeñada por la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, o bien por la organización que represente más directamente a las personas o colectivos afectados.
Asimismo, la Consejería competente en materia de servicios sociales y atención a la dependencia, a través de la Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, realizará una estrategia de promoción que incluirá actuaciones que impulsarán cada una de las partes y actuaciones en colaboración, así como los mecanismos de coordinación con tal fin.
La estrategia, que tendrá un periodo de vigencia de cuatro años, incluirá objetivos y medidas relacionadas con el fortalecimiento de las organizaciones y redes del Tercer Sector Social, el impulso de su contribución social y el desarrollo de sus diferentes funciones en todo el ámbito de la intervención social.
Inventario de entidades
La Consejería competente en materia de servicios sociales y atención a la dependencia creará, elaborará y mantendrá actualizado un inventario de las entidades del Tercer Sector Social, con implantación y actividad en Castilla-La Mancha. En el inventario se hará constar el registro de procedencia de la entidad, coordinando la información por medios telemáticos.
La inscripción en el inventario se llevará a cabo previa solicitud de las entidades. No obstante, se mantendrán los actuales registros para la prestación de servicios vinculados a cada una de las consejerías competentes en las actuaciones recogidas en esta ley.
Para la elaboración del inventario se dará audiencia a la Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha y la actualización de las anotaciones se realizará a través de la información que las entidades proporcionen al órgano competente para su gestión.
El inventario tendrá carácter público, será accesible por medios electrónicos y servirá para elaborar información a efectos estadísticos. Asimismo, se coordinará con los instrumentos similares de otras Administraciones públicas.
La regulación incluida en esta ley no podrá suponer incremento del gasto público, ni incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal, según se especifica en el anteproyecto, que contempla la modificación de la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha en lo que respecta a las formas de provisión de las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales.
Dicho documento especifica que en el plazo de doce meses el Consejo de Gobierno aprobará el desarrollo reglamentario de la composición y funciones de la Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, así como su organización y funcionamiento, al igual que el procedimiento para reconocer a las entidades del Tercer Sector Social la condición de entidades colaboradoras de la Administración autonómica.
