Con respecto al personal docente e investigador (PDI), el sindicato defiende las figuras laborales desarrolladas en la actual ley, de 2007 (LOMLOU), que es una modificación de la Ley Orgánica de Universidades de 2001. En concreto, considera “imprescindible” el mantenimiento de las figuras de contratación predoctoral (ayudante) y de profesorado laboral indefinido (profesorado contratado doctor).
Asimismo, insta al Ministerio de Universidades a modificar la redacción de las figuras de profesorado sustituto y de profesorado distinguido del anteproyecto y avisa de que el texto deberá incluir las figuras que recogerá la futura Ley de la Ciencia, que pueden tener repercusión en el ámbito universitario. Y exige un compromiso por parte del Gobierno para modificar los criterios de acreditación de la ANECA. El objetivo de todo ello es, según CCOO, “disminuir la elevada tasa de precariedad y la dignificación de la carrera académica”.
En cuanto a la gobernanza, CCOO exige que se mantenga la elección por sufragio universal de sus dirigentes (rectores y decanos) y que se fije la posibilidad de ser reelegidos en un segundo mandato, cada uno de ellos de cuatro años, con el fin de “mejorar el sistema de rendición de cuentas”. También quiere que se dote al Claustro de competencias como máximo órgano representativo de la universidad y no considerarlo exclusivamente informativo, entre otros.
Por otro lado, CCOO pide cambios en el ámbito de la financiación. En concreto, cree que se tiene que definir mejor la financiación básica o estructural que debe ser suficiente para desarrollar todas las funciones encomendadas a la universidad y establecer mecanismos de compensación para recuperar los recortes y la desinversión de las dos últimas décadas por parte de las diferentes administraciones en las universidades públicas; y que la administración central explore la posibilidad de realizar inversiones finalistas a las universidades públicas.
Temas a incluir en la agenda del Ministerio
En otro orden de cosas, CCOO estima que hay “muchos retos” que se deben abordar y que, en su opinión, sólo se han tratado de modo general, o directamente no se han incluido en la agenda del Ministerio hasta el momento. Por ello, el sindicato ha elaborado 11 propuestas.
En primer lugar, pide la creación de la Mesa de negociación de Universidades; la derogación de los aspectos del Real Decreto 14/2012 que aún están en vigor en las universidades públicas; la negociación del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) con el establecimiento de una carrera académica (horizontal y vertical), acreditaciones, condiciones laborales y retribuciones, incluida la evaluación de la productividad y el incremento de niveles, etc; y la acctualización de la estructura retributiva y de la dedicación docente del PDI.
También exige el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en el ámbito de la universidad, asimilando lo que se establezca en la Administración General del Estado también para el personal de universidad; que se hable de financiación de la universidad pública; de la modificación de la estructura y funcionamiento de la ANECA; de la indemnización para los contratos predoctorales contemplada en la modificación de la Ley de la Ciencia; y medidas de control y verificación de la calidad de las universidades privadas, entre otros.
