Desde ese primer decreto de alarma, los españoles han vivido dos años en una especie de montaña rusa, de ola en ola de virus hasta llegar a la sexta y actual; con 9 meses y tres semanas de ellos bajo el estado de alarma entre 2020 y 2021; han sufrido al menos 5 variantes del virus; experimentado una campaña de vacunación masiva de la población y con medidas restrictivas que se han ido modulando en función de la propagación y la intensidad de la pandemia en cada momento.
El 14 de marzo de 2020, Pedro Sánchez comparecía ante los medios de comunicación, de manera telemática, para anunciar en tono de gravedad las “decisiones extraordinarias” que había adoptado el Gobierno para “proteger a los españoles y ganar al virus”.
Esa decisión era la aplicación de medidas tan duras como el confinamiento de todos los ciudadanos cuyos trabajos no resultaran esenciales y que se amparó bajo el paraguas de un decreto de alarma, un instrumento constitucional que se aplicaba por primera vez en España para toda la población y que resultó ser el más duro de los dos que se aplicaron durante la pandemia.
Se prohibió a los ciudadanos salir a la calle e incluso pasear, salvo que tuvieran animal de compañía, se cerraron negocios, los colegios y universidades, toda la restauración, se suspendieron los viajes en trenes, aviones y barcos y se aplicaron Expedientes de Regulación Temporal de Empleo a buena parte de la fuerza de trabajo del país.
Ese primer decreto se extendió hasta el 21 de junio, con sucesivas prórrogas quincenales que cada vez cosechaban menos apoyos en el Congreso de los Diputados. Durante esos meses se produjo el mayor número de muertos diarios de toda la pandemia, aunque la acumulación de cadáveres no se vio por expreso impedimento del Gobierno, salvo una fotografía publicada por el diario El Mundo de la morgue provisional del Palacio de Hielo de Hortaleza.
EL TC ANULÓ EL CONFINAMIENTO
No obstante, a partir de mayo las medidas se fueron modulando con el llamado “Plan de desescalada” que llevó a los españoles a lo que Pedro Sánchez llamó la “nueva normalidad”. Y aunque en un primer momento el Gobierno no hizo obligatorio el uso de la mascarilla, alegando después que era porque no había disponibilidad de las mismas, se acabó aprobando su obligatoriedad tanto en interior como en el exterior.
Pero varias de las medidas de ese decreto de alarma fueron declaradas inconstitucionales por el TC el 14 de julio de 2021. El tribunal de garantías declaró nulos, por una ajustada mayoría de 6 a 5, los puntos 1 y 3 del artículo 7 del decreto-ley, relativos a la libertad de circulación de personas y coches en espacios y vías públicas; así como el punto 5 del mismo artículo, que permitía al Ministerio del Interior acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos por razones de salud pública.
Además, el TC no solo tumbó este primer decreto, también declaró inconstitucional, el 5 de octubre de 2021, la decisión de la Mesa del Congreso, adoptada con los votos del PSOE y Unidas Podemos de dar ‘cerrojazo’ y ‘parar el reloj’ de la Cámara Baja, estimando así el recurso de amparo interpuesto por Vox. El TC consideró que el acuerdo vulneraba el derecho fundamental de participación política de los diputados.
TUMBADA LA PRÓRROGA DEL DECRETO DE ALARMA POR “INFUNDADA”
A ese primer decreto le siguió otro aprobado el 25 de octubre de 2020 que finalizó el 9 de noviembre, pero que se prorrogó, por acuerdo del Consejo de Ministros, seis meses más, hasta el 9 de mayo de 2021. Esto hizo que los españoles hayan vivido en total durante 9 meses y tres semanas bajo decretos de alarma.
En este caso, el Gobierno limitó la circulación con un toque de queda entre las 23.00 y las 6 horas de la madrugada; restringió la entrada y salida del perímetro de las Comunidades Autónomas; solo se permitían reuniones en espacios públicos y privados de 6 personas y se limitó la permanencia en lugares de culto.
Además, este último decreto fijaba como autoridades competentes delegadas a los gobiernos de las Comunidades Autónomas para que modularan estas medidas en función de los indicadores sanitarios.
Pero el Tribunal Constitucional también declaró inconstitucional, el 17 de octubre de 2021, esta prórroga de 6 meses del segundo estado de alarma por entender que tuvo un carácter “no razonable o infundado” y declaró también inconstitucional la designación de autoridades competentes delegadas a las autonomías. Uno de los argumentos del tribunal de garantías fue que la prórroga se hizo “sin saber qué medidas se iban a aplicar para combatir la pandemia”.
Tras decaer la vigencia del último estado de alarma el 9 de mayo de 2021, el Gobierno aprobó un decreto dejando en manos de los gobiernos autonómicos la toma de decisiones para frenar los contagios y ponía como árbitro al Tribunal Supremo, para unificar doctrina. Sin embargo, las CCAA no han podido restringir derechos fundamentales al no estar amparadas por un estado de alarma y las medidas que han ido adoptando, han corrido diferente suerte en los Tribunales Superiores de Justicia de las respectivas CCAA, siendo tumbadas muchas de ellas.
Ahora, dos años y seis olas después, los gobiernos autonómicos y el Ministerio de Sanidad están abordando la posibilidad de suprimir las mascarillas en el interior de los edificios, después de haberla suprimido en el exterior. Una medida esta última que se había adoptado con antelación y que se suspendió temporalmente por la gran incidencia de la última ola del coronavirus al ser altamente contagiosa la variante omicrom.
MADRID PIDE RETIRAR LAS MASCARILLAS
Esta posibilidad de retirar la obligatoriedad de las mascarillas fue abordada el pasado jueves en la reunión mantenida por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y los consejeros de Sanidad de las CCAA en las Jornadas del Sistema Nacional de Salud que tuvieron lugar en Zaragoza.
Tras el encuentro, Darias afirmó que la retirada del tapabocas en interiores “está cada vez más cerca”, gracias a la evolución a la baja de la pandemia de COVID-19, pero precisó que debían ponerse de acuerdo no solo en el cuándo, sino en el cómo.
Durante este encuentro, la Comunidad de Madrid fue la única en pedir abiertamente que se retire esta medida en ciertos ámbitos, aunque en las últimas horas Andalucía se había abierto a valorar esta retirada de manera gradual. Sin embargo, el País Vasco y Extremadura rechazaron aplicarlo sin consenso, mientras que otras regiones evitaron situarse en uno u otro lado y apelaron a los criterios técnicos.
Esta petición de la comunidad de Madrid se suma a otras propuestas que ha ido haciendo a lo largo de estos dos años y que ha caracterizado a la región por ser la más aperturista en cuanto a las medidas, permitiendo la apertura de la hostelería desde que finalizó el primer estado de alarma.
La posición mantenida durante la pandemia por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha ido fraguando una fuerte rivalidad con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero precisamente este aperturismo de Madrid ha granjeado muchas simpatías a la presidenta madrileña durante la pandemia que se tradujeron en una amplia mayoría en el adelanto electoral del 4 de mayo de 2021 y que la ha permitido gobernar en solitario.
