El Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla-La Mancha (CESCLM) ha denunciado el “intrusismo laboral” y el “incumplimiento” de la legislación laboral vigente en un pliego para la contratación de 73 profesionales por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. Así, exigen que los profesionales que trabajen en centros de menores posean la titulación de educador social.
En nota de prensa, el Colegio informa de que la Dirección General de Infancia y Familia de la Consejería de Bienestar Social ha hecho público recientemente el pliego de prescripciones técnicas que regirán el contrato administrativo de gestión de 73 plazas profesionales para la ejecución de medidas judiciales de internamiento establecidas en la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
“Nuestra sorpresa y nuestro malestar, como Colegio, llega cuando hacemos lectura de la descripción de los perfiles y las funciones del personal de la plantilla del dispositivo. En el punto de educadoras y educadores sociales, después de conocer las tareas que van a desarrollar, propias de la Educación Social, afirma que únicamente es necesaria una titulación mínima de diplomatura o equivalente en las áreas psicológica, pedagógica o socioeducativa para los profesionales de nueva incorporación y una experiencia contrastada de al menos un año de actividad”, prosigue la nota enviada por el Colegio Oficial.
Desde el CESCLM consideran que las competencias definidas son de relación directa e inequívoca con la titulación universitaria de Educación Social y propias del área de intervención del educador y la educadora social en estos dispositivos.
Como Colegio –asegura la nota de prensa– tienen el objetivo de promover la profesionalización de las intervenciones socioeducativas con los y las menores que acuden a estos dispositivos.
Así, desde el CESCLM consideran que el requisito de titulación exigida para el puesto de Educador Social referido por la administración regional, ha de ser la diplomatura o el Grado en Educación Social u otras titulaciones con la habilitación de un colegio profesional de Educación Social, proceso, el de la habilitación, que reconoce la capacitación para el ejercicio de la profesión y que se encuentra formalmente regulado por los diferentes Colegios Profesionales a nivel estatal. El servicio jurídico del CESCLM iniciará las acciones de demanda de estas irregularidades.
DIÁLOGO PERMANENTE CON EL COLEGIO
Fuentes de la Consejería de Bienestar Social han asegurado a Europa Press que el diálogo con el Colegio Oficial de Educadores Sociales es “permanente” y siempre se han acogido sus propuestas “con interés por darles respuesta”, al tiempo que recuerdan que algunas reivindicaciones tienen una solución más inmediata y otras lleva más tiempo articularlas.
Desde la Consejería de Bienestar Social se comparte el criterio de que los profesionales que trabajan en el ámbito de la Educación Social posean la titulación que les acredita como tales. Sin embargo, el caso al que hacen referencia desde el Colegio Oficial se refiere a la renovación de un contrato que, entre otros, afecta a trabajadores que llevan prestando sus servicios en ese recurso desde que empezó a funcionar, cuando aún no existía la titulación, habiendo sido muchos de esos trabajadores habilitados por el propio colegio.
Por parte de la Consejería, a través de la Dirección General de Infancia y Familia, se mantiene abierta la comunicación con la dirección del Colegio para buscar la mejor forma de apoyar la importancia del reconocimiento a la figura del Educador Social dentro de los equipos que trabajan con las diferentes áreas de la Consejería.
Actualmente, afirman dichas fuentes, “un alto porcentaje” de los trabajadores de centros de menores gestionados por la Junta son educadores sociales con titulación o habilitados por el Colegio Oficial.
