El fiscal jefe provincial de Toledo, Antonio Huélamo, ha negado haber pedido a una fiscal -que fue sancionada con 1.500 euros por “retrasos injustificados”- que trabajara desde casa durante su baja por un embarazo de riesgo para ventilar sus asuntos pendientes.
Huélamo ha comparecido este miércoles como testigo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) en la vista que se ha celebrado a raíz del recurso que presentó la fiscal contra la decisión de la Inspección Fiscal de sancionarla.
El fiscal jefe provincial de Toledo ha insistido en que la fiscal le avisó un día antes de que se iría de baja por un embarazo de alto riesgo y que lo que él le comentó fue que, “en la medida de lo posible”, despejara los asuntos que tuviera pendiente antes. Al hilo, ha explicado que su intención era que su subordinada agilizara lo que pudiera del trabajo pendiente esa misma tarde, antes de que se hiciera efectiva la baja médica.
“Ese día no estaba de baja. Entraba en vigor al día siguiente. Si le quedaban equis asuntos podía haberlos atendido esa tarde sin problema”, ha añadido.
Huélamo ha incidido en que aquel encuentro con la fiscal “no fue una reunión”. “Ella se presentó sin saber si yo iba a estar en el despacho o no”, ha dicho, al tiempo que ha subrayado que fue “una visita sorpresiva” que derivó en “una conversación informal”.
En el marco de la vista, el tribunal ha accedido a reproducir una grabación aportada por la defensa en la que se recoge el encuentro mantenido entre ambos en junio de 2021; ello con la intención de que el fiscal jefe provincial se reconociera o no en dicho audio.
Huélamo no ha afirmado ni ha negado ser el hombre de la grabación. “No estoy en condiciones de saber si es mi voz o no. No sé cómo, ni cuándo, ni dónde, ni quién, ni de dónde procede la grabación. Para mí es imposible de saber si es mi voz o no”, ha señalado. A la salida de la vista y en declaraciones a la prensa, el abogado del Estado Francisco Espinosa ha calificado de “pirata” la grabación aportada por la defensa.
Sin prevención de riesgos laborales
En el marco de la sesión, a preguntas de la defensa, el fiscal jefe ha asegurado que la Fiscalía de Toledo no cuenta con un delegado de prevención de riesgos laborales y que él no aplicaba medidas específicas para el reparto de trabajo en el caso de fiscales embarazadas.
“Ninguna de las fiscales que han tenido embarazo me han comentado ninguna rebaja de su trabajo. Ninguna fiscal embarazada me ha pedido ninguna medida especial de ningún tipo”, ha dicho aunque luego ha apuntado que “estando de baja” por embarazo “no trabaja nadie ni en su casa ni en ningún sitio”.
Según ha explicado el tribunal durante la vista, para este miércoles estaba citado también el delegado de prevención de riesgos laborales de la Fiscalía de Toledo, pero -tal y como ha mantenido Huélamo- no ha comparecido ante el Supremo porque no existe nadie en ese cargo. Por su parte, sí ha comparecido un perito que ha ratificado el informe aportado a la causa sobre la validez del audio aportado.
A la salida de la vista, el letrado a cargo de la defensa, Juan Antonio Frago, ha afeado que la Fiscalía no tenga un plan de prevención de riesgos laborales. A su juicio, es “bastante curioso” que exista una ley del año 95 que “obliga a absolutamente a todas las empresas” a cumplir con dicho plan y el Ministerio Público no lo tenga.
“Malentendido entre fiscales”
El abogado del Estado ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que este es un proceso contencioso-administrativo “sin excesiva complicación” sobre la sanción disciplinaria aplicada a una fiscal por retrasos injustificados en su trabajo.
“En las bajas no se trabaja, pero lo que pasa es que si has dejado atraso antes, que era el problema, pues puede surgir esto: que te pidan cuentas de lo de antes”, ha señalado Espinosa al tiempo que ha insistido en que será el Supremo el que determinará ahora si la sanción impuesta es o no proporcionada para el retraso.
“Es sólo eso, lo que pasa es que previamente -en un momento- ha habido quizás algún desencuentro. No se han entendido entre el fiscal jefe y la fiscal sancionada”, ha dicho para luego matizar que se trata de un desencuentro “suave” porque ambos mantienen una relación “cordial”.
El abogado de la defensa, sin embargo, ha asegurado en declaraciones a la prensa que la vista de este miércoles y la grabación reproducida demuestran que a la fiscal “se le ha sancionado porque no quiso someterse al deber de seguir trabajando pese a tener concedida una baja médica por embarazo de alto riesgo”.
La defensa pide al Supremo que anule la sanción, que le reintegren los 1.500 euros a la fiscal y que reconozca que se vulneró el artículo 14 de la Constitución -relativo a la igualdad y no discriminación-. “En este caso sería por razón de sexo, porque era una mujer ya embarazada, de cuatro meses y medio”, ha apuntado.
También reclama que se considere vulnerado el artículo 24 de la Carta Magna porque, a su juicio, se le sancionó tras haberse negado a trabajar estando de baja.
