El Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas permitirá este año invertir algo más de 12 millones de euros en Castilla-La Mancha para contratar a trabajadores en paro del régimen especial agrario que realizarán obras o servicios de interés general o social, un incremento del 5% respecto a la cuantía total del año pasado, destaca el delegado del Gobierno Francisco Tierraseca, que ha presidido la reunión de seguimiento del plan.
Tierraseca incide en un comunicado “en el gran esfuerzo del Gobierno de España por impulsar este plan”, y por aumentar la inversión destinada a la contratación de cada trabajador. “En 2018 invertíamos 769 euros por cada trabajador desempleado en el sector agrario y hoy destinamos 1.513 euros por cada uno, prácticamente el doble”, dice.
Salario ajustado al nuevo SMI
Además los trabajadores contratados recibirán un salario superior al del año anterior, puesto que está contemplado el incremento del Salario Mínimo Interprofesional. “Se trata de un plan muy demandado por los ayuntamientos”, puesto que el coste de las contrataciones lo asume íntegramente el Estado. Asimismo, Tierraseca ha agradecido “el alto grado de responsabilidad de los ayuntamientos” para cumplir con lo establecido en los proyectos aprobados, puesto que “el grado de ejecución del Plan del año 2022 ha sido del 99,99%”.
Por otra parte, la comisión regional de seguimiento se ha aprobado la propuesta de distribución a nivel provincial de los créditos del Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas, que se destinará a contratar a 2.338 trabajadores del sector agrario en Castilla-La Mancha. La propuesta contempla la contratación de 617 trabajadores en la provincia de Albacete, 980 en la provincia de Ciudad Real, 33 en la provincia de Cuenca, 8 en la de Guadalajara y 403 contratos en la provincia de Toledo.
A la reunión han asistido también los responsables del Área de Trabajo y del Área de Agricultura de la Delegación del Gobierno, la coordinadora de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, los responsables provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de la Tesorería de la Seguridad Social y representantes de los sindicatos CCOO y UGT-FICA y de la organización agraria Asaja y la Femp.
.
