El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha aprobado en la última reunión del pasado lunes la distribución de 20.206.541,83 euros a Castilla-La Mancha para la transformación digital de las administraciones públicas en los ejercicios 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
En concreto, la región recibirá 10.430.118,14 euros en el presente año 2022 y 9.776.423,69 euros en 2023, ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.
Esta inversión, pendiente de su aprobación definitiva en la Conferencia Sectorial de Administración Pública, forma parte de los 460.372.255 euros que conformarán los créditos presupuestarios destinados a todas las comunidades y ciudades autónomas para la transformación digital y la modernización de las administraciones públicas.
DISTRIBUCIÓN Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVERSIÓN
El pasado 21 de mayo de 2021, a través de la Secretaría de la Conferencia Sectorial de Administración Pública (CSAP), se remitió a las comunidades y ciudades autónomas una manifestación de interés en relación con las actuaciones financiables del programa de inversión, con el objetivo de definir los proyectos financiables por el Plan de Recuperación en materia de digitalización y modernización de las administraciones públicas.
A tal efecto, se han identificado las siguientes líneas estratégicas de inversión por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital:
Administración orientada a la ciudadanía, operaciones inteligentes, gobierno del dato, infraestructuras digitales, ciberseguridad y sanidad.
En este sentido, Castilla-La Mancha recibirá 9.964.369,05 euros entre 2022 y 2023 para llevar a cabo proyectos centrados en las cinco primeras líneas de inversión, mientras que los 10.242.182,78 euros restantes irán destinados a actuaciones en materia de sanidad, contempladas en la sexta línea de inversión.
Para asegurar un adecuado seguimiento de las actuaciones, las comunidades y ciudades autónomas deberán proporcionar la información relativa a los diferentes proyectos de inversión propuestos, así como información sobre las previsiones para el cumplimiento de los objetivos en materia de reducción de la temporalidad en el empleo público.
