Tal y como ha desgranado en una entrevista con Europa Press, dentro de los cambios en la Carta Magna castellanomanchega hay que recoger “derechos que son básicos para que estén blindados independientemente quién gobierne”.
Piden que se reconozca la “singularidad” del Tercer Sector de cara a conformar el diálogo civil con todo lo que abarca, reivindicando que esa comunicación fluida se convierta en “una herramienta” a defender.
Para ello, proponen que no sólo el Gobierno de la Comunidad Autónoma esté al otro lado, sino que “hay que avanzar en esa estrategia con ayuntamientos y diputaciones” y que se generen “estructuras de diálogo civil” también en el ámbito local, ya que “la ciudadanía vive en pueblos y ciudades y muchos de los servicios son prestados por entidades sociales”.
SIN “NOTICIAS” DE PAGE
Después de que desde la Mesa se pidiera que una de las primeras acciones de la legislatura fuera la convocatoria de un Consejo de Gobierno abierto con el Tercer Sector presidido por el presidente regional, Emiliano García-Page, Romero ha apuntado que aún no han tenido “noticia” por parte del Gabinete de Presidencia.
En todo caso, si que le han trasladado sus peticiones al respecto “en espacios informales y por escrito”.
“Queremos que se sepa que hace 40 años, en el marco constitucional de nuestro país tenía un contexto donde había una serie de agentes necesarios, que están ahí. Sindicatos, empresarios… Y nuestro sector no estaba articulado como ahora”, ha abundado.
CERMI PIDE MÁS PESO DE SU COMISIÓN PARLAMENTARIA
José Antonio Romero, en su calidad de gerente del CERMI de Castilla-La Mancha, también se ha pronunciado además sobre la figura de la Comisión Permanente No legislativa para las Políticas Integrales de la Discapacidad articulada en el Parlamento de Castilla-La Mancha, asegurando que su protagonismo “puede mejorar” a la vista de la experiencia de los próximos años.
Según ha indicado, este órgano ahora tendrá una reunión constitutiva para aprobar el calendario de visitas”, escenario ante el que plantea que abra su espacio para poder cumplir “el fin con el que se creó”.
Propone, según ha dicho, que “responsables de la administración regional de diferentes departamentos puedan trabajar y dar explicaciones de qué se está haciendo en materia de empleo, sanitaria, o cómo se contempla la atención de las personas en cada ámbito”, algo que se suscite “de forma transversal”.
Después de que la situación de pandemia “ralentizara su velocidad de crucero”, le queda todavía la “esperanza” de que se reactive con más fuerza.
Su pretensión es que pasen por las Cortes de Castilla-La Mancha “todas las entidades de discapacidad para trasladar la situación que viven”; e incluso plantea que a la hora de diseñar los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, “hubiera una comparecencia específica” para que el Gobierno autonómico explique cuánto dinero va a destinar sus departamentos a políticas para la discapacidad.
