«No le puedo decir el dato de cuántos objetores hay en este momento», ha asegurado Fernández preguntada al respecto en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno.
En este contexto, ha dejado claro que si hubiera en este momento médicos especialistas en la sanidad pública que estuvieran dispuestos a interrumpir embarazos, «prestaríamos ese servicio en la sanidad pública directamente, de gestión pública, porque ya saben que uno de nuestros objetivos es poder hacerlo».
«Como no podemos obligar a nadie, también estamos en la obligación y además creemos en ello, en el respeto a la objeción de conciencia y por tanto respetamos la decisión de los profesionales, de los facultativos», ha recalcado Fernández.
Dicho esto, ha manifestado que «afortunadamente» en Castilla-La Mancha no se ha dado la «incoherencia» de que haya médicos que no practiquen abortos en la sanidad pública pero sí en la privada. Asimismo, ha recordado que en la región hay dos clínicas que trabajan para el Sescam y «no son profesionales que trabajan en la sanidad pública y además mucho menos que tengan objeción de conciencia».
La portavoz ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha lleva tiempo intentando «captar» a algún profesional de fuera de la sanidad pública que se pudiera incorporar al Sescam, pero es «muy difícil». «No hay profesionales de la medicina, como ustedes saben, en paro precisamente, y menos de la ginecología».
«Yo sé que con esto se está criticando al Gobierno de Castilla-la Mancha. Entiendo que se está haciendo mucha demagogia. Una cosa sería que el Gobierno no quisiera cumplir y que hiciera todo lo posible para torpedear la ley, y otra cosa bien distinta es que lo que hagamos sea cumplir la ley, respetar la objeción de conciencia, además creemos honestamente que la debemos respetar y como no podemos prestar este servicio directamente en nuestros hospitales, lo garantizamos a través de clínicas concertadas», ha abundado la consejera de Igualdad.
