La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha compartido con la consejera de Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Inmaculada Herranz, «el trabajo que se está realizando en materia de políticas sociales en la Comunitat Valenciana, centrado en la Ley de Renta Valenciana de Inclusión».
Tras la reunión que han mantenido este lunes, Oltra ha explicado igualmente que ha compartido con Herranz el modelo desarrollado, que contempla un sistema de cuatro modalidades de renta con el fin de «integrar en un sistema las diferentes ayudas que una persona o una familia en situación de empobrecimiento puede recibir».
Oltra ha destacado que el número de beneficiarios de la Renta Valenciana de Inclusión ha pasado de 31.000, con un presupuesto de 21 millones, en 2013 –«el año más duro de la crisis»– a 51.000 y una partida de 58 millones.
Para ello, la Conselleria emplea una plataforma informática que hace que «una persona, si es usuaria de la renta, no tenga que pedir una beca de comedor o de transporte o una ayuda al alquiler de la vivienda».
En esta línea, la vicepresidenta valenciana ha puesto de relieve que, desde el año 2013, ha crecido el número de destinatarios de la renta valenciana desde los 31.000 destinatarios a 51.000 en 2017, mientras que el presupuesto aumentó de 21 a 58 millones en ese periodo.
«Esas cifras en el peor año de la crisis dan una muestra del abandono que muchas personas en esta Comunitat sufrieron con los antiguos gobiernos del PP y que las políticas sociales del Govern del Botànic están rescatando», ha resaltado.
Ambas responsables autonómicas han coincidido en criticar que los gobiernos del PP en ambas comunidades «dejaron a la gente abandonada» ante las «inclemencias» de los peores años da la crisis económica, dado que «se produjo un desmantelamiento de los servicios de protección social».
«ABANDONO» ANTE LAS «INCLEMENCIAS» DE LA CRISIS
Por su parte, la consejera de Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha ha explicado que su gobierno se encuentra en el proceso de elaboración de la ley de Renta Garantizada de esta autonomía y, tras esta reunión con el equipo de Oltra, ha afirmado que «la experiencia acumulada nos va a hacer bajar más a las necesidades de la población».
«Hay algo que comparten Castilla La Mancha y la Comunitat Valenciana, aunque son muy distintas, que es que en el peor momento de la crisis económica, cuando la gente lo estaba pasando realmente mal, se produjo un desmantelamiento de los servicios de protección social. El PP dejó a la gente abandonada ante esas inclemencias», ha denunciado Herranz.
Además, ha indicado que las leyes de renta garantizada deben «asegurar a la población los ingresos mínimos para tener una vida digna», «prevenir posibles movimientos económicos» y, pese a que «el empleo en el mercado libre sería lo más óptimo», considera necesario «empleo protegido» ante el «empobrecimiento de los trabajadores».
En relación al modelo valenciano, la consejera ha señalado que «alguien que está en situación de pobreza no tiene por qué pasar ventanilla por ventanilla contando su historia», ya que «es profundamente irrespetuoso con la intimidad de las personas». «Este sistema tecnológico es un elemento clave para respetar la situación de las familias», ha concluido.
