Así figura en las enmiendas –recogidas por Europa Press– que han presentado Podemos (un total 19), Partido Popular (14 enmiendas) y PSOE (5) al texto y que han sido calificadas por la Mesa del Parlamento regional en su reunión de esta semana.
Así, Podemos propone, en una de ellas, que se considere “violencia institucional” las “acciones u omisiones que realizan las autoridades, funcionarios y funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tengan como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta Ley para asegurarles una vida libre de violencia”.
Igualmente, la formación morada quiere que sean las propias universidades de Castilla-La Mancha las que promuevan los estudios universitarios que incluyan contenidos de igualdad de género; y que, en el caso de la prohibición de lograr ayudas públicas por parte de las empresas que realicen prácticas discriminatorias, instan a que los solicitantes de las mismas presenten, “junto con la solicitud de la ayuda, una declaración responsable del hecho de no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias”.
En cuanto al órgano competente de vigilancia en materia de igualdad que se prevé crear en la norma, Podemos quiere que de él formen parte asociaciones de mujeres y organizaciones feministas, y que, entre sus competencias, figure también la de elaborar y publicar los informes emitidos, y que tanto las actuaciones realizadas como los resultados obtenidos se remitan a las Cortes de Castilla-La Mancha.
Finalmente, otra de sus enmiendas propone incluir una nueva Disposición Adicional Segunda en la que demandan que la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sea la que fije “en las correspondientes partidas presupuestarias las cuantías suficientes para garantizar el acceso a las ayudas que hace referencia esta ley”.
Ayudas al alquiler
En ese mismo sentido van muchas de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular al texto, como la que pide dotación económica para poder prestar las ayudas para atender a hijas e hijos menores y otros familiares que contempla el Proyecto de Ley; para las de orfandad absoluta que refleja la Disposición adicional única; para las medidas relativas a atención sanitaria; también para las que tienen que ver con la inserción laboral; para las ayudas económicas directas; y para las que tienen que ver con los derechos de las trabajadoras y empleadas públicas.
Igualmente, los ‘populares’ quieren que entre las medidas de acceso a la vivienda previstas en el Proyecto de Ley se incluyan “ayudas al alquiler en municipios donde no haya recursos de iniciativa pública”; y que, entre las de promoción, prevención y sensibilización del texto, se incluya la de “potenciar el uso de imágenes positivas, roles y lenguaje inclusivo como herramientas necesarias para disolver las desigualdades de género y consiguientemente, las diferentes formas de violencia machista”.
El PP demanda que el Gobierno de Castilla-La Mancha dote presupuestariamente a la Universidad de Castilla-La Mancha para el desarrollo de todas las actividades que tengan que ver con la promoción y el fomento de estudios, investigaciones y tesis doctorales previstas en el texto; y que las actuaciones necesarias por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para adaptar el contenido de la ley al currículo regulador del sistema educativo no se produzcan en dos años desde la entrada en vigor del texto sino “en el plazo de seis meses” desde la misma.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista, en sus enmiendas, propone la supresión del punto 2 del artículo 20, que establece que los procedimientos a través de los cuales se prestará una atención integral a las víctimas de violencia de género “deben respetar los principios de libre concurrencia, igualdad y transparencia”.
Además, los socialistas quieren que la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley haga referencia “al Acuerdo de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, relativo al informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 8 de agosto de 2017 y en el que, entre otras cuestiones, se reconoce que son las comunidades autónomas quienes asumen las competencias de la asistencia social a las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas y están, por tanto, llamadas a jugar un papel clave en la prevención, atención y reparación del daño”.
